La banca ha ganado el pulso. Tras prácticamente tres semanas de mucha polémica, no pocas especulaciones, y de que en un lado y en el otro se tirara de calculadora, el Tribunal Supremo se ha puesto del lado de las entidades financierasNo habrá cambio alguno: será el cliente el que deba seguir haciendo frente al impuesto de actos jurídicos documentados con el que se grava la firma de las hipotecas, manteniendo así la jurisprudencia vigente desde hacía más de dos décadas. La noticia se hacía oficial al filo de las ocho de la tarde, después de una ajustada votación que se saldó con 15 sufragios a favor de la decisión que finalmente salió adelante, y 13 en contra, y tras dos días de intenso debate que pusieron más de manifiesto lo que a estas alturas ya era una evidencia totalmente constatada: la enorme brecha que ha abierto entre los magistrados esta cuestión, y la gestión que se ha hecho sobre el tema. Una división que incluso hacía presagiar por momentos a primeras horas de la tarde que las discusiones podían prolongarse un día más. No fue así. El Alto Tribunal acabó reculando, dejando frustradas las expectativas de los hipotecados. Unos afectados que, en el caso de la provincia de Alicante, ascienden a más de 67.000 si se toman como referencia los últimos cuatro años; que incluso se acercarían a las 800.000 personas si el punto de inflexión se establece en enero de 2003, según los cálculos que hicieron en el mes de octubre desde el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha.
La caja de los truenos se abrió a mediados del mes pasado, cuando en tres sentencias de la Sección Segunda, la experta en tributos, se cambiaba el paso y se decretaba que tenían que ser los bancos los que se hicieran cargo del pago del impuesto de las hipotecas, dando así la razón al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Y todo con un matiz importante: ese giro doctrinal acabó en una sentencia firme que ya no tiene marcha atrás, por más que el Supremo ahora haya dado marcha atrás. Otra cosa es lo que ocurra, por ejemplo, con los fallos dictados en las últimas semanas por los jueces de cláusulas suelo de Alicante, que se habían sumado al criterio inicial del Tribunal Supremo por el que era el banco quien debía pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Que sea firme o no dependerá de si el banco recurre o lo deja estar.
El caso es que, a raíz de las tres dichosas sentencias, los bancos se desplomaban en la Bolsa, y, a medida que fueron saliendo los distintos responsables de las entidades coincidiendo con la presentación de los resultados trimestrales, la oposición -de la banca, por supuesto- al cambio de doctrina fue in crescendo. Para ese momento, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, optó por convocar un pleno, medida esta con la que buscaba amainar el temporal, y consiguió todo lo contrario, y, de rebote, que su propia figura acabara muy en entredicho. Al menos, tras la primera jornada de deliberaciones, la del lunes, el Ibex subió un 0,20%, en parte por el sector financiero, aunque ayer el selectivo se dejó un 0,24%
Las reacciones en contra de esta decisión, como era lógico, no se hicieron esperar. Podemos, que ya había venido allanando el camino en los últimos días, tardó bien poco en salir. Su líder, Pablo Iglesias, no solo puso en cuestión la independencia del Supremo, sino que hizo un llamamiento a la movilización social. Tanto es así que tanto Iglesias como el jefe de filas de Izquierda Unida, Alberto Garzón, socio de la formación morada en Unidos Podemos, y que habló de «chantaje inaceptable de la banca», convocaron a través de Twitter una concentración el sábado por la tarde ante la sede del Supremo. Por cargar, cargó hasta el PP, por boca, en este caso, del presidente del partido en Cataluña, Xavier García Albiol, quien tachó la opción por la que se había decantado el Supremo de «grave error de consecuencias sociales imprevisibles», utilizando para ello también Twitter. Eso sí, poco después, el portavoz de Economía del PP en el Senado y portavoz adjunto, José Manuel Barreiro, rebajaba el tono y hacía hincapié en que al menos el fallo resolvía la situación de confusión, sin entrar en más valoraciones. ERC y PDeCAT, por su parte, no desaprovecharon la oportunidad, y salieron en tropel a poner en tela de juicio la independencia judicial, aún con el regusto que les dejó la decisión, también del Supremo, de enviar a juicio a los líderes soberanistas procesados. «Un descrédito total» del poder judicial, defendió el presidente catalán, Quim Torra, tras la rectificación del Alto Tribunal con el impuesto de las hipotecas. Hasta el líder de Cs, Albert Rivera, al que tanto se le ha identificado como el candidato del Ibex, calificó la situación de «incomprensible», para añadir que «no se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo».
Mientras, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Facua Consumidores en Acción y desde Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tampoco se mordieron la lengua. La indignación era total. Desde Facua ponían la lupa sobre la banca, por difundir mensajes «alarmistas» y desde la OCU, pidieron con carácter inmediato la dimisión del presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis Díez-Picazo, por su «gestión pésima», tachó de «bochornosa» la sentencia, y confió en que, al igual que sucedió en el caso de las cláusulas suelo, el Tribunal de Justicia del Unión Europea le enmiende la plana al Supremo y que «ahora más que nunca» se elimine el impuesto de actos jurídicos documentados, según recogía Efe. Unas esperanzas éstas, las depositadas en Europa, en las que coinciden desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), desde donde subrayaron que hay un «daño irreparable» para la Justicia, y reclamaron la dimisión de Díez-Picazo, pero también del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
Más tibios se mostraron desde el Gobierno de Pedro Sánchez, que, junto al Supremo, puede salir escaldado de la situación que se ha vivido en las últimas semanas y el desenlace final. Simplemente sostuvieron que van a estudiar el impacto que puede tener la sentencia y que, en cualquier caso, la posición se decidirá en el Consejo de Ministros que se celebra mañana jueves. Previamente, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, había hecho un llamamiento en los pasillos del Senado a respetar la sentencia. Lo que está por ver es qué pasa a partir de ahora.
