Puede que los dirigentes de Coepa no fueran los mejores gestores del mundo pero nunca hicieron nada contrario a la normativa ni tampoco contribuyeron deliberadamente a agravar la situación de la extinta patronal. Al menos así lo estima el administrador concursal de la organización empresarial, Luis Fernando Alonso Saura, en el escrito de calificación que ha remitido al juzgado y en el que aboga por declarar fortuito el concurso. La decisión supone todo un alivio para los miembros del comité ejecutivo de la desaparecida patronal que, de lo contrario, se enfrentarían a la posibilidad de tener que responder con su propio patrimonio por las deudas de Coepa y también a la inhabilitación para administrar bienes ajenos, lo que les impediría continuar al frente de sus propias empresas.
Eso sí, antes de respirar completamente tranquilos, los antiguos dirigentes empresariales deberán esperar a que también se pronuncie la Fiscalía que, no obstante, suele coincidir en la inmensa mayoría de los casos con el criterio del administrador. De ser así, el concurso sería automáticamente calificado como fortuito, según las fuentes jurídicas consultadas, mientras que, si el Ministerio Público discrepa, se abriría juicio para determinar la existencia o no de responsabilidades.
En este sentido, el escrito de Alonso Saura reconoce que los dirigentes de Coepa cometieron fallos en la gestión de la patronal alicantina y que, entre otras cosas, deberían haber solicitado antes el concurso de acreedores. Sin embargo, tras analizar la situación, concluye que este retraso no contribuyó a agravar decisivamente la situación patrimonial de la organización y tampoco ve dolo o culpa grave en el resto de actuaciones que realizó el comité ejecutivo, tal y como exigiría una declaración de culpabilidad.
Así, el administrador concursal entiende que las causas que llevaron a la quiebra a la patronal alicantina fueron externas: principalmente, el retraso en los pagos de la Generalitat y el recorte de las subvenciones que recibía la organización y de las que se nutría mayoritariamente su balance.
Trataron de resolverlo
En la misma línea, cabe recordar que los dirigentes de Coepa no se quedaron de brazos cruzados cuando la Administración autonómica les cortó el grifo y que trataron de resolver la situación, lo que también les ha beneficiado ahora. Así, ya en 2012 la patronal presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la mayoría de su plantilla y dos años después vendió por 2,3 millones de euros la sede que tenía enfrente del Teatro Principal de Alicante, con lo que logró cancelar la mayor parte de la deuda que mantenía con las entidades financieras.
Sin embargo, todas estas medidas no fueron suficientes para hacer frente a la hipoteca que tenía con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por el centro de oficios que construyó en el Polígono de Babel de Alicante. A ello hay que sumar la reclamación de última hora por parte del Servef -tras una denuncia por parte del presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro- para que Coepa devolviera las subvenciones recibidas para el mismo edificio, lo que acabó llevando a la quiebra a la patronal, que el pasado mes de diciembre solicitó su liquidación definitiva. Un proceso que sigue en marcha.
Cabe recordar que el Servef también denunció a Coepa en los tribunales por una supuesta estafa en subvenciones, un caso que el juzgado cerró al no hallar indicio alguno de delito.
