n Los cálculos que en octubre hicieron desde el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, nada más conocerse el cambio de postura del Supremo, apuntaban a que, si el nuevo criterio se mantenía, 67.298 alicantinos podrían reclamar a la Generalitat la devolución del importe por el impuesto de actos jurídicos documentados que pagaron por la constitución de su hipoteca desde octubre de 2014. Eso, en euros, según las estimaciones de Gestha, se traduciría en unos 153 millones de euros. En la Comunidad Valenciana, habría 163.490 personas, por 361 millones de euros. Estos guarismos, como es lógico, se disparaban si se tomaban como referencia las hipotecas formalizadas entre 2003 y 2014. Tanto es así que sólo en la provincia, en este periodo, eran más de 706.000 las operaciones firmadas, lo que habría llevado aparejado un reintegro de 1.200 millones. En la Comunidad, habría 1,7 millones de afectados por 3.145 millones de euros.
En el conjunto de España, Gestha calculaba que desde octubre de 2014 había 1,5 millones de contribuyentes que podrían reclamar la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, mientras que las cantidades a devolver se elevarían a los 3.631 millones de euros. Había otros 13,4 millones de hipotecados que firmaron entre enero de 2003 y septiembre de 2014, por un importe que se situaba en los 25.657 millones de euros.
