La equiparación de los derechos laborales de las personas que están afiliadas como empleadas domésticas con los del resto de cotizantes al Régimen General ha sido una de las reivindicaciones más recurrentes del colectivo desde hace años. Unas demandas apoyadas por las organizaciones humanitarias y los sindicatos, acostumbrados a escuchar los problemas de estos trabajadores, «en su mayoría mujeres, extranjeras y cuyo empleo viene marcado, en muchos de los casos, por la invisibilidad», según advertía el sindicato UGT. En estos momentos, en la provincia, están cotizando en este régimen especial 9.411 personas, de las que el 94% son mujeres. Además, de los 88.347 trabajadores foráneos dados de alta en todos los regímenes en Alicante, 3.219 lo hacen como empleados de hogar, según un informe de UGT, basado en datos oficiales correspondientes al mes de septiembre.
Ahora, el acuerdo de Presupuestos para 2019 del PSOE y Podemos parece abrir una puerta hacia esa equiparación de derechos laborales para el colectivo. El documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias plantea iniciar el camino para la plena integración de estos empleados en el Régimen General, con el horizonte puesto en 2021. «Desde 2012, están incluidos en este epígrafe, pero dentro de un sistema especial y no tienen derecho al desempleo», matiza Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina.
Otro de los puntos del documento acorta el plazo al próximo año. Se refiere a la firma y ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referido a trabajadores domésticos de 2011, que incide en «las condiciones de un empleo decente» y que implicaría -a juicio de los sindicatos- poder acceder al derecho a la representación, a la negociación colectiva y a la prestación por desempleo.
Ir más allá del «voluntarismo»
Precisamente, esta cobertura social es una de las máximas aspiraciones del colectivo, «que es más numeroso del que las cifras de cotizantes reflejan. Actualmente, hay dadas de alta más de 9.000 personas en la provincia como empleadas domésticas, pero el número de las que trabajan en esta actividad será superior, ya que existe una gran bolsa de economía sumergida», alertaba Yaissel Sánchez, quien confía en que el acuerdo entre estos dos partidos de izquierdas «no se quede en el voluntarismo», en el caso de que, finalmente, salgan adelante los Presupuestos Generales.
Entre otras cosas, porque no sólo «repararía» situaciones de discriminación de estos trabajadores con respecto al resto de los que cotizan en el Régimen General, sino porque, también, «podría aflorar gran parte de ese empleo irregular, ya que el acceso a la prestación de paro incentivaría la afiliación al sistema», añadía Yaissel Sánchez. Significaría ganar derechos laborales para estos trabajadores, pero, al mismo tiempo, más ingresos para la Tesorería de la Seguridad Social. Paralelamente, estos empleados ganarían peso real en el total de afiliados, ya que, ahora, los inscritos a este régimen especial sólo representan el 1,4% de los 649.023 ocupados dados de alta en Alicante.
«Yo llevo alrededor de 20 años trabajando, pero sólo tengo seis cotizados. Cuando eres joven piensas en el corto plazo y en cobrar los euros/hora que has acordado por limpiar casas. Y no quieres que el importe se vea reducido por estar dada de alta. Pero, ahora, con 48 años, pienso más en la jubilación y me doy cuenta de que no voy a alcanzar el mínimo de cotización exigido para acceder a la paga íntegra de la pensión», se lamenta Pilar, una alicantina que hace unos años accedió a un contrato, pero que aún alterna este puesto con trabajos en el servicio doméstico, aunque sin cotizar, para necesita aportar ingresos a la economía familiar.
Pilar, nombre ficticio para no ser identificada, asegura que como el de ella «hay muchísimos casos». Y considera que «sería muy bueno» que, finalmente, se equipararan los derechos laborales del colectivo con los de los trabajadores del Régimen General. También cree que afloraría más el empleo irregular. «Si se tiene la perspectiva y el horizonte de que se va a cobrar el paro, muchas personas se darían de alta, porque, ahora, se prefiere cobrar la cuantía acordada con el empleador a perder un porcentaje al darte de alta», explica Pilar.
Mayor visibilización
La equiparación, también, implicaría «mejorar muchas de las condiciones laborales de los empleados de hogar, que suelen vivir situaciones de discriminación», incide la sindicalista Yaissel Sánchez. Se refiere a casos de personas contratadas, «donde, en muchas ocasiones, hay discrepancias en el tema de las vacaciones o se intenta ajustar demasiado la retribución, pese a que, a veces, se realizan no sólo tareas domésticas, sino que se incluyen cuidados a dependientes o mayores». En este sentido, la dirigente de UGT destacaba que en un intento «de que se dignifique este empleo y no se precarice más», en Alicante se constituyó hace tiempo la Mesa de Servicio Doméstico, de la que forman parte entidades sociales y sindicatos y en la que se ponen en común problemas y situaciones que vive el colectivo, así como una guía de tablas salariales. «Se intenta dar visibilidad al trabajo del colectivo y participar en la defensa de sus derechos laborales», añadía Sánchez.
Rostro femenino y extranjero
Desde UGT, también se pone el acento en que las empleadas de hogar -en femenino, porque en su inmensa mayoría es un sector donde trabajan más mujeres- es un grupo de trabajadoras con un alto grado de envejecimiento. «La media estará entre los 40 y 50 años», explica Yaissel Sánchez, quien advierte, además, de que, si gran parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado fuera de la economía regular, el periodo de cotización «será bajo y eso repercutirá en la cuantía de la pensión». Otro de los denominadores comunes de esta actividad es que en ella trabajan muchas personas de otras nacionalidades. Con los datos oficiales, en la provincia, el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social supera los 88.300 y de ellos, 3.219 cotizan en el régimen especial de Empleados de Hogar, de los que 2.640 proceden de fuera de la UE y sólo 811 son comunitarios.
«Ahorro para la Administración»
El trabajo doméstico «ha estado infravalorado. Ha sido un empleo invisible que, a raíz de los auges migratorios y la necesidad de las personas extranjeras de regularizar su situación administrativa, hizo que se creyese que nos encontrábamos ante un nuevo yacimiento de empleo, donde han sido mujeres, principalmente extranjeras, con diversidad de formación y capacidades, quienes entraron a ocupar las actividades que antes realizaban otras mujeres», explicaba Yaissel Sánchez. Además, considera que los empleados domésticos también «han realizado la tarea de suplir a la Administración Pública en atender determinadas necesidades sociales, especialmente las del cuidado de personas (mayores, dependientes, menores)». Una circunstancia que «suponía un ahorro para las administraciones», añadía.
Por otra parte, los vientos de cola de recuperación económica que vienen soplando en los últimos años, ha favorecido el aumento del número de cotizantes a la Seguridad Social, en general. En la provincia, se ha pasado de las 628.620 afiliaciones entre todos los regímenes que se registraban en septiembre del pasado año a las 649.023 actuales. Un 3,2% más. Sin embargo, el sistema especial de Empleados del Hogar ha experimentado un mínimo retroceso del 1,05%.
