Los grandes banqueros de España tienen ahora mismo su mente puesta en el Supremo. El tribunal debe decidir mañana si mantiene su decisión de que los bancos deben pagar el impuesto hipotecario, si tiene efectos retroactivos y hasta qué año se puede reclamar. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) defiende que con la última resolución del Supremo tienen derecho a reclamar la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) todos los hipotecados que hayan firmado su crédito en los últimos cuatro años (que son los ejercicios fiscales que no han prescrito). Con este escenario, en la Comunidad Valenciana pueden exigir el dinero 163.490 familias que abonaron 361 millones de euros. En el caso de que el Supremo apueste por la retroactividad total, el plazo de prescripción se alarga a los últimos quince años, lo que implica que 1,7 millones de hipotecados valencianos pueden reclamar 3.145 millones.
Ahora mismo nadie sabe qué va a pasar. Los magistrados de la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo llegaron a la conclusión de que el auténtico beneficiario de la constitución de un hipoteca es el banco. Los jueces, en un fallo notificado el 18 de octubre, incidieron en que «no tenían la menor duda» pues solo a los bancos les interesa la inscripción (el elemento que determina el pago del impuesto) ya que «esta carece de eficacia alguna sin la incorporación del título al Registro de la Propiedad». La decisión del Supremo, que no dejó clara la retroactividad, provocó el desplome de los bancos en la Bolsa.
En una decisión insólita, el Supremo rectificó 24 horas después y dejó en el aire quién debe pagar el impuesto. Mañana lo tienen que decidir los 31 magistrados que conforman el pleno de la Sala Tercera, que es la que lleva los asuntos de lo contencioso administrativo. El presidente de la sala, Luis María Díez-Picazo, justificó la decisión de convocar el pleno en que el fallo suponía un «giro radical» en la jurisprudencia y por «su enorme repercusión económica y social». Una semana después, Carlos Lesmes, presidente del Supremo, pidió perdón por lo que reconoció como una deficiente gestión del caso de las hipotecas.
Los jueces ahora mismo no tienen claro qué hacer ni el alcance de la retroactividad. En cada provincia de la Comunidad Valenciana se está aplicando una pauta distinta. En Alicante, el juzgado especializado optó por adoptar de inmediato el criterio del Supremo del 18 de octubre y está dando la razón a los clientes frente a los bancos. Los jueces de Castellón resuelven caso a caso sin un criterio fijo. El juzgado especializado de València decidió paralizar todos los procedimientos afectados, pero un magistrado de otro juzgado ha seguido su propio criterio y ha obligado al banco a abonar el impuesto de una hipoteca firmada en 1999 de forma retroactiva.
Si mañana el Supremo establece que sí hay retroactividad, los abogados y los técnicos del fisco recomiendan dirigir la reclamación a la Conselleria de Hacienda (que tiene cedido el impuesto) si no han pasado los cuatro años porque es el procedimiento más rápido. La Generalitat estará obligada a devolver el dinero. En cuanto a la mecánica, la Generalitat deberá iniciar un procedimiento de comprobación tributario y notificar una liquidación «espejo» a la entidad financiera, exigiendo el mismo importe y los intereses de demora.
Cualquiera que sea el perdedor mañana, el conflicto acabará con toda probabilidad con un recurso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en su día ya obligó a devolver de forma retroactiva las cláusulas suelo, frente al criterio del Supremo español.
