Los jueces de cláusulas suelo de Alicante se han sumado al criterio de la sentencia del Tribunal Supremo por la que es el banco quien debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, según confirmaron ayer a este diario fuentes judiciales. Este juzgado, que cuenta en la actualidad con tres jueces, tiene carácter provincial y por lo tanto el criterio es válido para todas las causas que se registren en la provincia. Según estas fuentes, los magistrados entienden que éste es el último criterio del Alto Tribunal y por lo tanto es el vigente en estos momentos y el que se debe aplicar. Entre tanto, no se suspenderán juicios hasta que el Tribunal Supremo adopte un acuerdo sobre esta materia en el pleno que se ha convocado para el próximo 5 de noviembre.
Fuentes del Palacio de Justicia de Alicante explicaron que, por el momento, se continuará con normalidad con los procedimientos y que solo se suspenderán los procedimientos en el caso de que lo pidan las dos partes. En este sentido, puntualizaron que no todos los asuntos que tienen se refieren a quién paga los Actos Jurídicos Documentados, por lo que una suspensión generalizada de asuntos podría causar retrasos innecesarios en casos que no tienen nada que ver con esta controversia. En aquellos pleitos donde se discuta a quién corresponde el pago del impuesto, en la vista previa se escuchará a las partes antes de decidir si se suspende el procedimiento hasta que se pronuncie el Supremo en el pleno.
Mientras tanto, desde el jueves los jueces entienden que el último pronunciamiento del Alto Tribunal sobre este asunto es el de la polémica sentencia y éste es el criterio que están adoptando en sus resoluciones. En concreto, ya hay al menos seis sentencias en la provincia de Alicante en la que se ha aplicado.
En este sentido, el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, anunció ayer que será el próximo 5 de noviembre cuando se celebre el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el que se decida si mantiene este criterio o se vuelve a fijar que sea el cliente quien debe pagar este impuesto, que en la Comunidad Valenciana equivale al 1,5% del importe del préstamo. Lo hizo tras reunirse con los integrantes de la sección tercera de esta sala, que el jueves fallaron a favor de que fuera el banco el responsable de este abono, y con el presidente de la misma, Luis María Díez Picazo, que al día siguiente dejó en suspenso las vistas que tenía pendientes el organismo por casos similares hasta fijar definitivamente su doctrina.
Desde el Supremo también aclararon que el fallo del jueves es firme, por lo que no se revisará ese caso concreto, y que el artículo que se anula también sigue sin efecto, de forma que si los jueces deciden que el cliente debe volver a pagar, tendrán que buscar otros argumentos para justificarlo.
Mientras todo esto se dilucida, las entidades trataron de aparentar normalidad y la mayoría aseguró que siguen con la gestión de las hipotecas como si la sentencia no se hubiera producido. Sin embargo, lo cierto es que muchas de ellas retiraron la oferta hipotecaria de su web durante buena parte del día y fuentes del sector reconocieron a este diario que, si bien se mantienen las firmas de préstamos ya programadas en las notarías -en las que existe una oferta vinculante que obliga al banco-, muchas entidades han dejado aparcada la negociación de nuevas hipotecas ya que, según afirman, no saben qué precio deben cobrar a sus clientes. Un extremo, el de la paralización en la concesión de nuevos créditos, que también confirmaron desde la Asociación Provincial de Promotores (Provia).
En cuanto a los que ya tenían cita para firmar la escritura, desde el Colegio Notarial de Valencia aseguraron que se han producido muy pocas cancelaciones. Eso sí, los notarios están advirtiendo en todos los casos que quieren seguir adelante de la incertidumbre que existe sobre quién deberá finalmente abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
