El acuerdo entre el Ivace y Fundesem para solucionar el problema que arrastra la escuela de negocios por el impago del alquiler de su sede está cada vez más cerca. El organismo autonómico ha decidido solicitar al juzgado la suspensión de la vista oral programada para el próximo lunes ante la inminencia del acuerdo, al que ya solo le quedarían los últimos flecos, según han confirmado a este diario fuentes del Consell.
De esta forma se gana tiempo para cerrar definitivamente el plan de pagos aunque, eso sí, de momento la demanda no se ha retirado definitivamente.
En este sentido, tras más de un año y medio de negociaciones desde que el Ivace, propietario del edificio donde se ubica Fundesem, reclamara por vía judicial el abono de 1,2 millones de euros de alquileres atrasados, finalmente fue a mediados de este mes cuando se produjo un principio de acuerdo y los responsables de la escuela de negocios formalizaron su propuesta a través del juzgado.
Una propuesta que incluiría el pago de la deuda en un periodo de diez años y la creación de una comisión de expertos independiente para determinar el importe de las obras de reparación que necesita el inmueble, que se descontarían de la cantidad final a abonar.
El pacto también incluye una rebaja del alquiler anual que paga Fundesem, que pasaría de los aproximadamente 155.000 euros anuales a 95.000 euros.
El impacto de la crisis
Fue en febrero del año pasado cuando el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) decidió interponer en los juzgados una demanda por impago contra Fundesem, al acumular más de 1,2 millones de euros de alquileres atrasados, tal y como avanzó este diario. Un problema que se remontaba al año 2011, todavía con el anterior equipo gestor, y que reflejan el duro impacto que tuvo en la escuela la crisis económica y, sobre todo, la desaparición de las entidades financieras locales, que estaban entre sus principales clientes.
El cambio de equipo, en el año 2013, logró mejorar las cuentas pero no lo suficiente como para deshacerse de la deuda que se arrastraba y los intentos de negociación no fructificaron. Así se llegó al punto en que el organismo que dirige Júlia Company optó por llevar el caso a los tribunales para proteger los intereses públicos, aunque la intención siempre ha sido llegar a una acuerdo para garantizar la continuidad del centro formativo.
En enero de este año ya estuvo a punto de alcanzarse un pacto, que no llegó a cerrarse al no ponerse de acuerdo sobre quién debía asumir las obras de reparación pendientes del eficio. Fundesem las tasó en 465.000 euros, cantidad que quería descontar de la deuda pero que el Ivace no aceptó. De ahí que ahora el asunto se quiera derivar a una comisión independiente para que no bloquee el acuerdo.
En este periodo, la escuela de negocios también ha lanzado una campaña de captación de socios protectores -empresas dispuestas a colaborar con el centro con una cuota anual de 5.000 euros- que le han permitido mejorar notablemente su liquidez.
