Una propuesta de la comisión de investigación sobre la gestión de las instituciones feriales que permita la elaboración y la propuesta de dictamen de Feria València sin necesidad de esperar al de la Institución Ferial Alicantina (IFA), como estaba previsto inicialmente. Eso es lo que se debatirá y votará hoy en el pleno de las Cortes Valencianas, junto a la continuación de la investigación sobre IFA, una investigación que, más que seguir, prácticamente comenzará ahora, ya que todos los trabajos se han focalizado hasta la fecha en Feria València. De hecho, los grupos presentaron ayer a la mesa de la comisión de investigación su propuesta de plan de trabajo. De un lado, Compromís, PSPV, Podemos y Cs presentaron una de forma conjunta, y el PP la suya. En un caso y otro, lo que se plantea es que el dictamen esté en nueve meses, a contar desde la aprobación de esa hoja de ruta, lo que supone que no estará en lo que queda de legislatura, como ya se presagiaba desde hacía tiempo.
La propuesta del grueso de grupos incluye un largo listado de documentación, certificaciones e informes que se deben pedir a la cúpula del recinto, entre las que hay escrituras, contratos o balances, con datos que afectan a la plantilla, el organigrama, y hasta los honorarios al arquitecto José María Tomás Llavador. El periodo temporal que se ha escogido es el que va desde 2001 hasta 2017. En cuanto a las comparecencias, se hace llamar a todos los presidentes que han pasado por la institución en los últimos años: de Modesto Crespo a José Luis Gisbert, que es el actual responsable, pasando por Manuel Román. Ahora bien, hay dos matices importantes. Primero, los paseíllos afectan a los presidentes desde 2002 -Crespo entró en junio de ese año- sin que en la documentación haya referencia alguna a su antecesor pese a que sí se solicita información de 2001. Segundo, un descuido ha hecho que no se haya incluido a Moisés Jiménez, algo que parece que se subsanará en breve. Junto a ellos, deben comparecer los exdirectores generales Antonio Martínez, hoy vicepresidente de la institución; Antonio Galvañ; y la actual directora, Esther Guilabert; así como el director del IVF, Manuel Illueca, junto a representantes de Deloitte o Garrigues, o José María Tomás Llavador, que se encargó del megaproyecto de ampliación.
Mientras, el PP, en el escrito que firma Isabel Bonig, pide varios documentos generados entre 2004 y 2017 -tres años menos-. Ahora bien, las principales diferencias radican en los comparecientes. No solo no pide la citación de nadie de la cúpula, ni anterior ni actual, sino que se centra en el actual director general de Economía, Francisco Álvarez, y su predecesor, por ejemplo, aunque, por el contario, no habla de los responsables de la Dirección General de Comercio, que tradicionalmente han tenido las competencias en materia de ferias. También llama a la secretaria general del PSPV en Alicante en 2011, Ana Barceló. Parece que por el «simpa» del PSPV en IFA.
