El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se reunirá este lunes con los magistrados que dictaron la sentencia que establecía que la banca, y no sus clientes, debía hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.

Según confirmaron a EFE fuentes del Supremo, esta reunión es de carácter interno y servirá únicamente para analizar la situación creada después de la citada sentencia y de la nota posterior en la que se convocaba una reunión plenaria de los magistrados de lo Contencioso-Administrativo para confirmar o no la jurisprudencia creada.

En esta reunión, añadieron las fuentes, estarán presentes también el vicepresidente del Alto Tribunal, Ángel Juanes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez-Picazo.

El pasado jueves 18, el Supremo decidió que sea la entidad financiera, y no el cliente, el que se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra de su propio criterio de febrero de este año, cuando una sentencia estimó que el pago debía recaer en el cliente.

Ante la avalancha de críticas y el desplome de la cotización de los bancos, al día siguiente, el viernes, el alto tribunal anunció que paralizaba con carácter urgente todos los recursos planteados y que estudiaría si confirmaba o no la decisión.

En una nota, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Díez-Picazo, explicaba que dicha decisión se basaba en el "giro radical" en la jurisprudencia y en la "enorme repercusión económica y social" del fallo que atribuía el pago de dicho impuesto a las entidades, por ser las interesadas en la operación.

De aplicarse, la sentencia permite a los hipotecados reclamar la totalidad de los gastos de formalización de una hipoteca que vienen impuestos por el banco en la escritura de préstamo: notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación e impuesto de actos jurídicos documentados.

Juezas y Jueces para la Democracia piden la dimisión del magsitrado Díez-Picazo

Mientras tanto, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha pedido la dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez, por su "nefasta gestión" de la sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados.

En un comunicado, la asociación recuerda que el pasado jueves 18 se dio a conocer una sentencia de la sección segunda de la sala Tercera del Supremo que estimaba que sea la entidad financiera, y no el cliente, el que se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra de su propio criterio de febrero de este año, cuando una sentencia estimó que el pago debía recaer en el cliente.

Este grupo de jueces estima que "sorprende" la actuación de Díez-Picazo, que "en una actuación sin precedentes", al día siguiente de conocerse la sentencia y ante "su enorme repercusión económica y social", acordó "con carácter urgente dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar".

Desde JJpD señalan que son conscientes "de que las resoluciones de juezas y jueces tienen impacto, no sólo en la vida y economía de la ciudadanía en particular, sino en la sociedad en su conjunto", y recuerdan a Díez-Picazo que él mismo firmó en enero de este año un auto en el que se reconocía que se había abierto "un debate doctrinal" sobre un asunto "que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del caso objeto del proceso".