Seis meses después de aprobar el plan estratégico con el que pretende garantizar su viabilidad, la Fundación Caja Mediterráneo da los primeros pasos para poner en marcha una de las medidas más dolorosas del documento: el recorte de su plantilla. La institución presidida por Luis Boyer ha comunicado esta semana a la autoridad laboral su intención de iniciar las negociaciones para la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el objetivo de reducir los gastos fijos de funcionamiento que soporta y que superan, con mucho, su capacidad de generar ingresos.
Lo que no está claro todavía, y dependerá de la negociación, es el número de trabajadores afectados del total de 40 con los que cuenta la fundación, sin incluir a los profesores del Colegio Sagrada Familia de Elche, que no entran en este proceso, ya que sus sueldos los sufraga la Generalitat al tratarse de un centro concertado. En cualquier caso, el objetivo final es que el ERE y el resto de medidas aprobadas permitan un ahorro del 40% de los costes estructurales de la institución para alcanzar el equilibrio presupuestario en dos años, es decir, en 2020.
Una vez realizada la comunicación, ahora existe un plazo de 15 días para constituir la mesa negociadora con los representantes del personal y otros 30 días para llegar a un acuerdo. En este sentido, desde la Fundación Caja Mediterráneo aseguran que su intención es que las salidas sean lo menos traumáticas posible aunque sin concretar la fórmula que se utilizará.
«La fundación debe afrontar un proceso de adaptación de su estructura, ineludible para garantizar su futuro, y para ello ha valorado todas las alternativas posibles», señalaron desde la institución, que sostiene que intentará mantener «el mayor número de puestos de trabajo posible».
Sin ingresos adicionales
Al contrario que otras fundaciones surgidas tras la debacle de las antiguas cajas de ahorros, la heredera de la antigua Obra Social de la CAM se quedó prácticamente sin ningún tipo de ingresos tras la quiebra de la entidad y la adjudicación de su negocio financiero al Sabadell, ya que no conservó ninguna participación en el accionariado del banco -como tiene la Caixa- ni tampoco contaba con otros mecanismos adicionales como los montes de piedad que, por ejemplo, han permitido que las fundaciones de Bancaja o Caja Madrid cuenten con una fuente de financiación estable.
De esta forma, la Fundación Caja Mediterráneo pasó a depender únicamente de los ingresos generados por su propia actividad -las entradas a las exposiciones y actos que organiza- y de la rentabilidad de sus depósitos bancarios, mientras mantenía la misma estructura de gastos de la época en que se nutría de los beneficios de la CAM. De esta forma, según recoge el propio Plan Estratégico aprobado el pasado abril, en 2016 los costes ascendieron a más de 5,5 millones de euros mientras los ingresos apenas sumaron 650.000 euros. Una situación que amenazaba con descapitalizar por completo a la entidad, que solo entre 2012 y 2016 redujo su patrimonio en 23 millones de euros, al pasar de 121 a 98 millones. De hecho, la situación llevó al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a dar un golpe de timón y a propiciar un relevo en la presidencia de la Fundación, donde Luis Boyer sustituyó a Matías Pérez Such.
El cambio vino acompañado de la elaboración de un plan estratégico para adecuar la estructura de la institución a su nueva realidad y que supuso, entre otras cosas, el repliegue de su actividad para concentrarla casi exclusivamente en las provincias de Alicante y Murcia. Así, la pasada primavera ya se cerró el centro ambiental que la CAM tenía en Bunyol y este verano se ha clausurado definitivamente el centro CAMON de Madrid.
Además, también se ha creado un equipo para rentabilizar los 44 inmuebles que la fundación acumula, bien mediante su venta, como sería el caso del Aula de Cultura de Elche, cuyo traspaso se negocia con la Universidad Miguel Hernández; bien a través de un alquiler, como las oficinas que posee en la calle Arzobispo Loaces de Alicante.
Otra de las claves para reducir la diferencia entre ingresos y gastos era la reducción de personal, que estaba pendiente prácticamente desde la creación de la fundación. Si se cumplen los plazos, estará ejecutada antes de que acabe el año.
