20 de octubre de 2018
20.10.2018

Un debate sin conclusiones sobre la retroactividad

Hay discrepancias sobre si la sentencia beneficia a todos los clientes o solo a los que firmaron hace cuatro años

20.10.2018 | 00:34

n Con su decisión de ayer, el Supremo, de alguna forma, paralizó también el gran debate que su sentencia del día anterior había despertado en la sociedad. Según la misma, son los bancos los que tienen que pagar los impuestos por la formalización de un préstamo hipotecario, pero ¿qué clientes se benefician de esa medida? Y ahí seguía ayer sin haber coincidencia. La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCCV), como otras organizaciones de defensa de los usuarios, entiende que la resolución judicial, en caso de mantenerse tras la reunión del plenario del Supremo y siempre y cuando este tribunal en su momento no diga lo contrario, beneficia a todos los titulares de hipotecas, incluso aquellos que ya la tienen cancelada. Es decir, que la retroactividad tiene que ser total.

Por contra, los técnicos de Hacienda representados por Gestha coinciden con el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) en que la reclamación del impuesto se tiene que hacer ante Hacienda, aunque luego esta reclame el pago del tributo a los bancos. Para REAF, el pronunciamiento abre la vía a solicitar la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción, el cual comienza a contarse a los 30 días hábiles al momento de la firma del documento público. Por lo tanto, «han de darse prisa los que firmaron escrituras en la segunda quincena de septiembre de 2014». El abogado de la UCCV, Francisco Rodríguez, estima que en la Comunidad Valenciana hay unos dos millones de hipotecas afectadas, lo que, a una media de entre 2.000 y 3.000 euros por cada una de ellas, eleva el coste total para la banca a entre 4.000 y 6.000 millones. A la espera de qué diga ahora el Supremo, la recomendación de Rodríguez a los clientes con hipotecas es que presenten una reclamación ante el banco y, paralelamente, que se dirijan también a Hacienda, como vía para evitar la prescripción. El Gobierno recordó que esta tasa está transferida a las autonomías.

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