Mientras la mayoría de autonomías no sabe cómo cuadrar sus cuentas y el agujero de la Seguridad Social no deja de crecer, los ayuntamientos cada vez acumulan más dinero en el banco. Aunque pueda parecer una paradoja, es el resultado de las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno central para reducir el déficit público, que ha limitado enormemente la capacidad de gasto de los consistorios a pesar de la disponibilidad de recursos de muchos de ellos.
Al menos así lo indican las últimas las estadísticas del Banco de España, que señalan que al cierre del primer semestre las administraciones públicas tenían nada menos que 1.311 millones de euros depositados en sucursales de la provincia, un dinero procedente básicamente de los consistorios y de la Diputación, que son quienes tienes sus cuentas en las oficinas bancarias locales.
Se trata de casi el doble de la cantidad que tenían guardada en las mismas fechas de 2012 -cuando estas cuentas sólo sumaban 713 millones, según las mismas fuentes-, y , sin duda, «mucho más de lo que necesitan los ayuntamientos para gestionar sus necesidades de liquidez», según reconoce el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el eldense Rubén Alfaro, que conoce bien este problema, del que los consistorios llevan varios años quejándose.
De hecho, la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo que se creó para controlar que las administraciones siguieran la senda del equilibrio presupuestario y no se desmandara el déficit, ha llamado la atención sobre esta situación ante lo abultado de los fondos que los consistorios tienen inmovilizados. Y es que, según sus cálculos, este año los ayuntamientos de toda España acabarán con más de 28.000 millones en la libreta. Una cantidad equivalente al 2% del PIB nacional
Condenados por la regla de gasto
Como explica Alfaro, todo viene de la regla de gasto que empezó a aplicarse a partir de 2012 y que impide a los ayuntamientos elevar su presupuesto por encima de determinado porcentaje -que fija el Gobierno- sobre la cantidad ejecutada el año anterior. Si consiguen superávit, es decir, si sus ingresos superan a los gastos establecidos en dicho presupuesto, solo pueden destinar ese remanente a amortizar la deuda o gastarlo en inversiones financieramente sostenibles, lo que incluye solo determinados supuestos, como obras de alcantarillado u otra serie de usos bastante limitada que también establece el Ministerio de Hacienda para todo el país. En otras palabras, que no pueden disponer libremente de su dinero.
La parte positiva de esta «intervención de facto» de las cuentas municipales, como lo califica el presidente de la Federación Valenciana de Municipios, es que la deuda de la mayoría de ayuntamientos se ha reducido drásticamente. Así, por ejemplo, los datos del Banco de España indican que el volumen de créditos que las administraciones tienen con sucursales bancarias de la provincia se ha reducido en estos años más de un 65%, al pasar de los 1.314 millones de 2012 a los 456 millones del pasado mes de junio.
La contrapartida es ese aumento de los fondos que los consistorios guardan en sus cuentas y que no pueden gastar, para desesperación de muchos alcaldes, que se ven obligados a recortar servicios a pesar de disponer de recursos. «Nos hemos convertido de tomadores a prestadores de dinero, porque ahora son los bancos los que hacen negocio con esos depósitos. Un ayuntamiento no está para acumular fondos, está para atender las necesidades de sus vecinos», insiste Rubén Alfaro.
La situación podría cambiar algo si los Presupuestos Generales del Estado que han pactado PSOE y Podemos logran superar el corte del Congreso de los Diputados. El acuerdo incluye que los consistorios cumplidores pueden incrementar su número de funcionarios y también amplía el catálogo de lo que se consideran inversiones financieramente sostenibles, que ahora incluirán, por ejemplo, la mejora de las escuelas infantiles, la promoción del empleo o la construcción y rehabilitación de viviendas. Unos cambios que desde la Federación de Municipios califican como una «buena noticia» y confían que contribuya a cambiar la situación actual.
