Seis años han pasado desde que las obras de urbanización de la nueva fase de la Institución Ferial Alicantina (IFA), en aquel momento ejecutadas al 85%, se quedaron completamente colgadas. Unos trabajos con un presupuesto superior a los 160 millones de euros y que, con la llegada de la crisis, no solo se quedaron en standby, sino que casi se convirtieron en una especie de sentencia de muerte para la feria. Una condena derivada de los 70 millones de euros de deuda que arrastraba el recinto, bastante menos que Feria València, pero 70 millones al fin y al cabo, y que solo se vio conmutada a finales del año pasado, cuando el Consell salió al rescate de IFA y asumió el agujero de la institución alicantina, así como de la valenciana. Ahora seis años después, y después de alguna que otra promesa incumplida, parece que la reactivación de la urbanización de IFA lleva visos de convertirse en realidad. De hecho, la Entidad Estatal de Suelo (Sepes), dependiente de Fomento y que ahora tiene al exalcalde ilicitano Alejandro Soler como director general, y la Conselleria de Economía, con Rafa Climent al frente, ya han movido ficha para desbloquear el proyecto. Tanto es así que esta misma semana Soler y Climent, junto al director general de Comercio, Natxo Costa, y su homóloga en el Ivace, Júlia Company, han mantenido una reunión en Madrid para definir la hoja de ruta que va a marcar el proceso a partir de ahora.
La propuesta gira en torno a varias cuestiones: el Sepes pone el dinero para acabar la urbanización y para inscribir el proyecto de reparcelación o se convierte en el agente urbanizador, aún está por concretar, y, una vez finalizado ese proceso, se busca una fórmula de compensación que también se debe definir en próximas reuniones. Una devolución de la cantidad inyectada que, a priori, puede pasar por la cesión de terrenos para que el Sepes los comercialice directamente, o por el pago de lo adeudado a medida que se vayan vendiendo los terrenos.
De momento, el primer paso es la creación de una comisión de trabajo que estará integrada por todas las partes implicadas: representantes del Ivace, de la Dirección General de Comercio y de Patrimonio de la Generalitat, del Sepes, de IFA y del Ayuntamiento ilicitano. La intención es que la primera reunión sea con carácter inminente, según confirmaba ayer el propio director general de Comercio, Natxo Costa, quien incidía en que parece que, en esta ocasión, hay voluntad entre las dos principales partes implicadas: el Consell y el Gobierno central. Algo en lo que también coincidía Alejandro Soler. De forma paralela, técnicos del Sepes está previsto que visiten a mitad de este mes la zona para conocer sobre el terreno el estado en el que se encuentran las parcelas y, a partir de ahí, evaluar y concretar los aspectos técnicos, jurídicos y, lógicamente, económicos. Por ahora, la idea es que el convenio pueda estar delimitado de aquí a finales de año, con la vista puesta en que las obras arranquen a principios de 2019, según Soler.
Sea como sea, la estimación que se maneja en el entorno de IFA apunta a que serían necesarios unos 7,5 millones de euros para acabar la urbanización, a lo que se sumarían otros 700.000 euros para inscribir el proyecto de reparcelación. No obstante, se admite que esa cifra se podría ver superada una vez se revise el estado de las infraestructuras que se pusieron en marcha en su momento y que, en estos últimos seis años, podrían encontrarse en un estado bastante deteriorado.
La operación, una vez se materialice, permitiría acabar la urbanización e inscribir el proyecto de reparcelación para, desde ese momento, empezar a vender los terrenos y, por tanto, aligerar peso a la Generalitat, una vez que ya ha asumido la deuda a través del decreto aprobado a finales del año pasado. Dicho de otro modo, recuperaría liquidez, y, de paso, se reduciría la carga impositiva, en concreto, por lo que respecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), un tributo este cuyo impago en la etapa anterior ya le costó el año pasado un embargo por una deuda de 375.000 euros por el IBI pendiente desde 2012. Eso precisamente es lo que lo precipitó todo, e hizo posible que la Generalitat aprobara el decreto de asunción de la deuda en un mismo pack, junto a Feria Valencia.
