El exconsejero delegado de Banco de Valencia (BdV), Domingo Parra, eludió ayer cualquier responsabilidad en las tres macrooperaciones inmobiliarias que la entidad acometió la pasada década y que se estima le causaron un perjuicio de unos 160,4 millones de euros. Según la declaración que prestó a preguntas del fiscal durante la primera sesión del juicio en la Audiencia Nacional, el exdirectivo de Banco de Valencia aseguró que no conocía el detalle de los proyectos porque ni los autorizaba ni los dirigía.
«No soy quien plantea las operaciones, ni decide cuándo, ni con los papeles que se piden», manifestó Parra en varias ocasiones durante la vista oral, cuando el fiscal Conrado Sáiz quería saber su nivel de conocimiento de las operaciones inmobiliarias por las que está acusado del delito de administración desleal por el que el Ministerio Público le pide cuatro años de prisión.
En concreto, el tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel debe juzgar las operaciones inmobiliarias denominadas Nou Litoral, Valencia Viviendas y Faverche Desarrollos, las cuales han sentado en el banquillo de los acusados, además de a Parra, el exdirector de Sociedades Participadas Inmobiliarias Alfonso Monferrer; los empresarios Salvador Vila, Juan Bautista Soler -también expresidente del Valencia CF- y Fernando Polanco; el notario Carlos Pascual de Miguel; y Teresa Villalba, esposa de Polanco. Para argumentar su afirmación, el exconsejero delegado de la entidad remarcó que él formaba parte del consejo de administración de Banco de Valencia, pero que no fue el «ponente» que expuso las citadas operaciones ni las defendió para que se ratificaran.
Dos horas y media
En su declaración ante el fiscal, que se prolongó durante dos horas y media, Parra explicó que en aquellos años los proyectos financieros de más de 1,8 millones de euros debían, tras pasar por el comité de riesgos de la entidad, ser «reportados» ante la comisión ejecutiva para su aprobación definitiva. Aunque también reconoció que ciertas operaciones «con carácter de urgencia» eran autorizadas antes de pasar por la comisión.
En cualquier caso, el exdirectivo de Banco de Valencia insistió en que él no estaba en el detalle de las operaciones, por lo que no conocía los pormenores de cada proyecto. «Yo era el consejero delegado del banco, no hablaba con la tasadora», respondió al ser preguntado por uno de los tres planes por los que está imputado.
El fondo público FROB, que presentó una querella por estas operaciones y que vendió la entidad en 2012 por un euro a CaixaBank después de inyectar 5.500 millones de euros de dinero público, calcula que Nou Litoral provocó a la entidad un quebranto de 83,2 millones de euros; Valenciana de Viviendas, de 47,4 millones; y Faverch, de 29,8 millones. El fondo de rescate indicaba en su querella que se trató de «operaciones de financiación verdaderamente ruinosas para la entidad, con la intención de obtener un lucro para los diversos socios del banco y generando un perjuicio evidente para Banco de Valencia».
Discrepancia
Sin embargo, el exconsejero delegado discrepó ayer en este punto, cuando el fiscal le estaba preguntando por una de las tres operaciones, concretamente Valenciana de Viviendas. En su opinión, «el valor de los bienes inmobiliarios sube y baja, y más en los tiempos de crisis» en los que tuvieron lugar estos proyectos, pero que «lo importante es ver si cuando se tomó la decisión se hizo lo mejor para el banco». Además, afirmó en varias ocasiones que las tres macrooperaciones inmobiliarias se llevaron a cabo respetando las normas internas de la entidad y que ha repasado los pasos dados por el banco y no ha encontrado irregularidades.
Además de los cuatro años que pide para Parra y Monferrer, la Fiscalía solicita para Vila y Soler penas que oscilan entre los tres años y medio y los cinco de cárcel, mientras que para Pascual y Polanco, a los que también se atribuye un posible blanqueo, reclama entre seis años y medio y ocho y medio. Este es el primer juicio por el hundimiento del Banco de Valencia. Queda pendiente del instructor en la Audiencia Nacional el destino de las otras querellas del FROB y la causa general presentada por la asociación de pequeños accionistas Apabankval.
