Todo se hizo por el bien de la CAM. A su exdirectora general María Dolores Amorós no le movía otro objetivo cuando, pese a encontrarse la caja al borde del precipicio, se acordó refinanciar la deuda millonaria que la promotora Hansa Urbana tenía contraída con la entidad.
Así lo sostiene Amorós en el proceso penal abierto en la Audiencia Nacional donde se investiga una operación que permitió a Hansa reducir su deuda en 108 millones de euros e ingresar otros 7,5 millones a cambio de traspasar a la caja dos solares en Valladolid y Zaragoza y las participaciones de la promotora en los proyectos que habían emprendido en México y que, en su mayoría, acabaron de forma ruinosa.
Una operación de la que Amorós dio cuenta al consejo de administración de la CAM en su reunión del 30 de junio de 2011 (apenas 20 días antes de que la caja fuera intervenida por el Banco de España) y en la que advirtió del riesgo que corría la entidad de perder el dinero que había prestado a la mercantil de los Galea si no se aprobaba esta refinanciación.
«Quedarse sin nada»
La ex alta ejecutiva está siendo investigada por estos hechos junto al presidente de Hansa Urbana, Rafael Galea, y a los también exdirectivos Roberto López Abad y Daniel Gil, entre otros.
En su declaración ante la magistrada explicó que viendo la preocupante situación financiera en la que se encontraba la promotora alicantina, de la que la caja tenía más de un 20%, se pensó que lo más conveniente era ayudarla a salir del bache para que pudiera afrontar la situación. En caso contrario, según concretó, la CAM podía perderlo todo ya que conocía que los otros bancos querían instar un concurso de acreedores del que la caja habría sido la última en cobrar.
Amorós explicó que aunque se planteó aportar unos terrenos ubicados en Murcia, se vieron con mejores ojos los que la promotora tenía en México, en Baja California, dado que en esos momentos las espectativas a corto plazo eran buenas. Unas posibilidades sobre las que se realizó la tasación del suelo pero que quedaron lejos de cumplirse al faltar un permiso medioambiental que hizo imposible construir nada allí.
La exdirectora general mantuvo que, con independencia del resultado final, la operación se estudió al detalle, que estuvo asesorada por los técnicos y que no le constaba que el auditor hubiera puesto alguna objeción.
«Condiciones ventajosas»
La investigación de la Audiencia Nacional abierta por si estos hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de administración desleal y apropiación indebida trata de esclarecer si a cambio de la refinanciación de la deuda a Hansa la CAM logró engordar artificialmente los beneficios de la entidad. Eso, además de si las «condiciones ventajosas» en que se reestructuró pudieron perjudicar los intereses de la entidad, según sostienen la acusación pública y el Fondo de Garantía de Depósitos que ejerce la particular. Una entidad que se siente perjudicada y reclama recuperar parte de los más de cinco mil millones que tuvo que inyectar a la caja para sanearla antes de venderse la Sabadell por un euro.
En estas diligencias sólo falta por declarar Francisco Grau, exconsejero de la caja, asesor del exministro Eduardo Zaplana y encarcelado como él desde mayo en Picassent, y el exdirector general de la participada TIP, Vicente Sánchez. Unas comparecencias previstas para ayer que se han pospuesto.
