Un indicador más que viene a reflejar cómo la recuperación económica no está llegando a todos por igual en la provincia lo evidencian los datos sobre la evolución de los procesos concursales (antiguas suspensiones de pagos o quiebras), que han retrocedido en el terreno empresarial pero han aumentado en el caso de las familias. En Alicante, el número de expedientes presentados ha pasado de los 48 del segundo trimestre de 2017 a los 43 del mismo periodo de este año, según los recientes datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Cinco menos. Pero este recorte se ha producido, fundamentalmente, porque el dinamismo empresarial ha cogido fuerza, después de un largo periodo recesivo, y ya son menos las firmas que recurren a esta vía. De las 39 compañías alicantinas que tramitaron un expediente entre marzo y junio de 2017, el número ha bajado hasta las 26. Sin embargo, el de personas físicas sin actividad empresarial -es decir, particulares- ha aumentado hasta 17, cuando hace un año solo se declararon en quiebra nueve familias de la provincia. Se ha incrementado casi el doble.
Diecisiete hogares que han utilizado esta figura en los últimos tres meses ante la imposibilidad de hacer frente al pago de sus deudas no supone un número muy abultado. Pero sí denota que las economías familiares aún no han conseguido recuperarse, pese a los tiempos de reactivación que predominan en estos momentos.
En este contexto, «la Ley de Segunda Oportunidad también ha sido un factor que ha influido en esta evolución al alza», según explicaba Luis Fernando Alonso, presidente de la Sección de Abogados especialistas en Derecho Concursal y miembro de la junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Alicante. Esta normativa que se puso en marcha en 2015 viene a significar que, si después de liquidar el patrimonio siguen quedando deudas, dependiendo de la tipología y las circunstancia, éstas quedan exoneradas. Pero para que se perdonen, las personas físicas o familias tienen que acudir necesariamente al concurso de acreedores y, anteriormente al acuerdo extrajudicial de pagos, «muy conveniente, aunque no es estrictamente necesario», indicaba Alonso. Una vez presentado el expediente concursal, se procede a la liquidación «con la que se paga la deuda hasta donde se llegue, el resto se exonera. A excepción del crédito público, como las obligaciones contraídas con Hacienda o la Tesorería de la Seguridad Social», explicaba el experto. También quedan excluidas de la exoneración la manutención alimenticia de los hijos, en caso de estar divorciados.
Desde 2015
El mecanismo de la Segunda Oportunidad lleva en funcionamiento apenas tres años, pero ha supuesto un balón de oxígeno para muchos hogares a las que las deudas las abocaban al borde de la quiebra. También para las personas físicas con actividad empresarial (autónomos). Aunque el hecho de que las familias puedan presentar concurso de acreedores es una posibilidad que existe desde 2004, no ha sido hasta que se implantó la Ley de Segunda Oportunidad o del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, cuando las familias han comenzado a recurrir más a esta vía. No obstante, el incremento ha sido muy lento. «El primer año de su vigencia (2105), de hecho, el número de casos presentados era muy residual, y no fue hasta el pasado ejercicio cuando comenzaron a repuntar», explicaba Luis Fernando Alonso, quien predice que en los próximos tiempos «la tendencia va a ser al alza».
Fundamentalmente, porque muchos hogares continúan soportando aún los efectos de la crisis, pese a la reactivación económica. En la mayoría de los casos por un «sobreendeudamiento» proveniente de la época del «boom» económico y la burbuja inmobiliaria, explicaba Alonso. Hay muchas personas que aún arrastran deuda de la época del «boom» y que no pudieron afrontar durante la etapa de recesión «porque, en muchos casos, perdieron el empleo. Y, ahora, o siguen sin encontrar trabajo o ganan menos». Unos factores que no ayudan a mejorar la situación. Con mayor frecuencia, la dificultad para asumir las obligaciones de pago de préstamos hipotecarios o de deudas de las tarjetas de crédito son los casos más frecuentes en los concursos de familias. «Antes de recurrir a esta vía, las personas han intentado por todos los medios salvar la situación buscando la financiación privada, incluso acuden a los "créditos exprés", pero, al final, no pueden asumir todo», añade.
Bajos salarios
Desde el Colegio de Economistas de Alicante también se subrayaba la incidencia que ha tenido la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad en el repunte de los procesos concursales.
Y, además, su vicedecano, Vicente Llopis, añadía que en esta evolución estaría influyendo, asimismo, el hecho de que la recuperación económica «no parece que esté llegando con igual intensidad a los particulares». «Pese al crecimiento económico del Producto Interior Bruto, no parece que se refleje en el nivel de empleo, en los salarios», señalaba.
