El Gobierno aprobó ayer un real decreto-ley contra el uso fraudulento de la figura del autónomo, lo que se conoce como «falsos autónomos», con la finalidad de aflorar cerca de 40.000 empleos en el régimen general de la Seguridad Social, según anunció ayer el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Al término de la reunión del Consejo de Ministros y en la rueda de prensa para valorar los dos primeros meses del Gobierno previa a las vacaciones estivales, Sánchez afirmó que este decreto permitirá dar «más derechos y mayor cobertura» a estos trabajadores y proporcionarles un trabajo «más digno», además de acabar con el «mal uso» de esta figura.
El real decreto, a propuesta de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los «falsos autónomos» en el Régimen General de la Seguridad Social, según informa Europa Press. Se trata de aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena. Así, la Inspección inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General -para los trabajadores por cuenta ajena- al menos hasta la finalización del procedimiento.
Las empresas afectadas, o en su caso, los trabajadores, tramitan la baja para anular el alta practicada de oficio por la Tesorería General, que actúa a instancia de la Inspección y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.
Ayuda a parados
El Gobierno aprobó también otro real decreto-ley del Ministerio de Trabajo para dar cobertura sobre la regulación del Programa de Activación para el Empleo (PAE), con un presupuesto de 53 millones, para que hasta un máximo de 41.000 parados de larga duración que tenían suspendido el subsidio del programa -que decayó el pasado 30 de abril- por haber suscrito un contrato de trabajo, puedan reanudar el cobro de la ayuda de 430 euros al mes. El Ministerio estima que alrededor de 41.000 parados que se beneficiaban del PAE y habían encontrado un empleo no han podido reanudar la prestación al solicitarla una vez que han vuelto a una situación de desempleo y a cumplir los requisitos. Sánchez añadió que el 65% de los beneficiarios serán mujeres. Estos potenciales beneficiarios tampoco han podido acceder al subsidio extraordinario incorporado por el PP a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 tras expirar el PAE y el Prepara. De esta forma, esos perceptores que dejaron de percibir la ayuda podrán volver a cobrarla por el tiempo que les restaba.
El Gobierno afirma que el carácter urgente del real decreto-ley se justifica por que al haber finalizado la vigencia del Programa resultaba «imposible» la reincorporación de aquellas personas que habían causado baja temporal en el mismo por colocación por cuenta ajena o propia, o pérdida del requisito de rentas, o responsabilidades familiares. La interrupción de la prestación, asegura el Gobierno, impedía tanto la reincorporación al plan extinto como la percepción de la nueva ayuda sustitutoria del PAE, que excluye expresamente la solicitud de beneficiarios de aquel programa.
La reincorporación supone «evitar una situación de desigualdad» entre los que no han causado baja temporal y los que sí, con derechos reconocidos en idénticas condiciones de necesidad, según destaca el Ejecutivo. «Es preciso tener en cuenta que la medida afecta a un colectivo muy necesitado de protección, al ser personas que han agotado las ayudas y con responsabilidades familiares a su cargo».
Asociación de Autónomos
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) valoró de forma positiva las medidas contra la práctica de los «falsos autónomos». «El que haya falsos autónomos es un problema, un fraude de ley y hay que combatirlo», dijo el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien recordó que la organización siempre ha pedido «mayor control dado que esta forma encubierta de trabajo asalariado hace mucho daño a aquellas empresas que cumplen la ley».
