El alquiler de viviendas se está convirtiendo en una importante fuente de ingresos para las arcas públicas. El auge que ha experimentado este mercado en los últimos años, ante las dificultades para acceder a un piso en propiedad, y, sobre todo, las medidas puestas en marcha por la Agencia Tributaria para aflorar los arrendamientos irregulares han disparado la cifra de contribuyentes que incluyen en su declaración las ganancias procedentes de rentas inmobiliarias.

De esta forma, de acuerdo con los últimos datos sobre el IRPF que ha hecho públicos el Gobierno, en 2016 hasta 243.633 residente de la Comunidad Valenciana declararon ingresos procedentes del alquiler de algún inmueble, casi 50.000 más que en el año 2011, cuando fueron 194.067. O, lo que es lo mismo, un aumento del 25,5% cuando la cifra total de declarantes se redujo un 2%.

En su conjunto, estos alquileres supusieron unos ingresos de 1.657,5 millones euros, lo que significa unos 6.800 euros por propietario, en el último de los ejercicios citados. Una cifra bastante inferior a la media nacional, de 7.640 euros, debido a los precios más bajos que se manejan en la autonomía.

Obligación de informar

Aunque no duda de que la recuperación económica haya contribuido a que cada vez se alquilen más viviendas, el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, está convencido de que la mayor parte de esta evolución hay que atribuirla a «los esfuerzos de Hacienda por aflorar estas rentas y acabar con el fraude que tradicionalmente se ha producido en esta actividad». Así, Menargues señala que una de las medidas que ha favorecido la legalización de muchas rentas es la obligación de incluir la referencia catastral del inmueble donde se tiene el domicilio fiscal en la declaración. De esta forma, al cruzar los datos se tiene constancia de si alguien reside en un piso que no es de su propiedad y se puede averiguar si el propietario del mismo está declarando el alquiler.

Igualmente,el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo, recuerda que se produjo un cambio fundamental cuando en 2010 la Agencia Tributaria pudo acceder a los datos de las compañías de suministro eléctrico, lo que permite a la Administración comprobar si realmente se está haciendo uso de un inmueble o no.

Del mismo modo, cada vez resulta más sencillo controlar si un inmueble está siendo explotado como apartamento turístico. Más allá de que los inspectores de la Agencia Tributaria llevan años peinando las webs especializadas para detectar a los posibles infractores, desde este año son los propios portales los que tienen que comunicar al fisco la identidad de los propietarios de los apartamentos, su referencia catastral y los rendimientos obtenidos.

El perfil de los defraudadores

Todas estas medidas han permitido reducir sustancialmente el volumen de alquileres que se realizan en negro pero, aún así, desde Gestha calculan que entre el 30% y el 40% de los arrendamientos todavía escapan al fisco. Según el secretario general de esta organización, los dos perfiles más habituales son el de una persona mayor que posee una segunda residencia «que ya no utiliza y que alquila para complementar la pensión»; o el de aquellas familias que acceden a una vivienda mejor en propiedad «y en lugar de desprenderse de la segunda prefieren arrendarla». En ambos casos suelen alquilarse por el boca a boca o por intermediarios físicos más difíciles de rastrear que las webs y plataformas de internet.

No obstante, el presidente del Colegio de Economistas señala que las campañas de concienciación también dan resultado y que cada vez son más los contribuyentes que declaran voluntariamente estos ingresos. «Si la gente percibe que es justo, el 99% quiere cumplir y la verdad es que los alquileres están bien tratados en la renta», apunta Francisco Menargues. El experto recuerda que los alquileres de inmuebles destinados a vivienda permiten aplicarse una reducción del 60% sobre las rentas generadas, una medida destinada a favorecer que salgan más viviendas al mercado. Eso sí, para los incumplidores la sanción puede alcanzar hasta el 150% de la cuota no abonada.