La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, apuntó ayer la voluntad del Gobierno de abrir un «debate social» para ampliar el bono social de la luz para paliar la pobreza energética a otros suministros como el agua o el gas. Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica en la que expuso las prioridades de su Ministerio, Ribera explicó que desde la Administración hay que «impulsar» un proceso estratégico en torno a la lucha contra la pobreza energética en la que se impliquen todos los agentes para lograr un debate social en el que se coordinen las distintas medidas.
De hecho, aseguró que desde el Ejecutivo impulsará el agua como un derecho humano -según reconoce la ONU- porque se deben garantizar los derechos fundamentales como el agua y la energía. A su juicio, del mismo modo que con la electricidad, ningún hogar debería ser privado de un bien básico para la vida como es el agua, y señaló que los poderes públicos deberán velar para «garantizar» que no se vea vulnerado este derecho fundamental.
En este contexto, la ministra recordó que en 2016 el 15% de la población fue considerada como vulnerable y que sufre pobreza energética, ya que no pudo mantener la temperatura de su hogar o tuvo que dejar de pagar alguno de los recibos. Por eso, la ministra expuso que se debe «hacer frente» a esta prioridad de cubrir las necesidades inmediatas y fomentar la eficiencia energética de los edificios y, al mismo tiempo, favorecer a la población más vulnerable e impulsar otras medidas de acción básica desde la Administración. «El bono social eléctrico aborda solo el problema de forma parcial y debe ser mejorado para facilitar el suministro a todos los hogares», manifestó la ministra. En esa línea, dijo que el Gobierno trabajará para el reconocimiento del derecho humano al agua y para que «no se pueda cortar el agua a nadie que no pueda pagarla», según señaló.
