Sabedores de que ninguno de sus clientes podían acreditar un perjuicio por la compra de preferentes de la CAM (ya que habían sido compensados por el Sabadell) las acusaciones, entre las que se encuentra la asociación de usuarios de banca Adicae, mantuvieron vivo el proceso por la comercialización de estos productos hasta el miércoles, cuando estaba fijada la primera sesión de la vista oral.
Un operativo de tres magistrados, una fiscal y personal de la Audiencia para un juicio que las acusaciones particulares y populares (la Fiscalía no acusaba) sabían que no se podía celebrar. Y ahí estaban los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, únicos acusados en una causa a la que sólo falta certificar su archivo. El que en la Justicia haya que buscar respuesta a actuaciones que merezcan un reproche penal no significa que todo valga. Y éste es un ejempo.
