Después de una instrucción de cuatro años y de un juicio de catorce sesiones, el proceso abierto por el abono de 600.000 euros al último presidente de la CAM, el empresario de Elche Modesto Crespo, ha quedado visto para sentencia sin que la admisión por parte del interesado de que se embolsó indebidamente esa cantidad permita aventurar el fallo de la sentencia.
Con independencia de que difícilmente se podía argumentar semejante desembolso en un momento en que la caja ya se encontraba en estado crítico, y al margen de que el consejo de administración lo aprobara o le metieran el acuerdo por la escuadra, lo que ha quedado patente a lo largo de este proceso es que nadie hizo lo que debía: ni Crespo desempeñó actividad alguna que justificara cobrar esos 300.000 euros anuales ni los consejeros cumplieron con el cometido por el que fueron nombrados y por el que, aunque en una cuantía muy inferior, también eran remunerados.
Porque si realmente, como todo parece apuntar, el visto bueno a esos emolumentos jamás se llevó al consejo sino que se introdujo posteriormente en el acta con premeditación y alevosía, entre las obligaciones de los miembros del consejo estaba revisar ese documento, con lo que habrían detectado la triquiñuela antes de que los 600.000 euros salieran de la caja.
De poco o nada sirve ahora invocar la confianza que se tenía en los auditores internos y externos, además de en los órganos de control de la entidad, y escenificar el enfado por haber sido engañados. El hecho es que en sus manos estaba haber evitado o al menos alertado sobre estos pagos y no lo hicieron.
Aún así, injusto sería cargar toda la responsabilidad sobre las espaldas de los exconsejeros (trece de los cuales entiende el fiscal anticorrupción que deben ser exonerados de culpa), cuando hay otros «descuidos» en este proceso que no se pueden pasar por alto.
Salvo bajo el mantra de que nadie cumplió con su cometido no se explica, por ejemplo, que el responsable de una acta cuya legalidad está cuanto menos bajo sospecha, el letrado Juan Martínez Abarca, haya pasado por la vista oral como mero testigo después de que inexplicablemente se le apartara de la causa como imputado.
Ni el instructor, Javier Gómez Bermúdez, ni el fiscal Luis Rodríguez Sol debían haber echado en saco roto las declaraciones de la práctica totalidad de los asistentes a aquel consejo del 27 de noviembre de 2009 asegurando que allí nunca se escuchó que Crespo fuera a cobrar. Pero ambos pasaron de puntillas por un hecho ubicado en el núcleo del volcán cuya erupción acabó con la existencia de una caja con más de un siglo de vida: una dirección centrada en un grupo reducido de la cúspide lo suficientemente generosa gracias al dinero de otros, claro, (piensen en dietas, viajes...) con los supuestos fiscalizadores (léase Crespo aunque la lista es mucho más abultada) como para evitar intromisiones en su gestión, por muy cuestionable o suicida que fuera.
Sólo así se puede explicar el denodado interés del exdirector general Roberto López Abad para que el empresario ilicitano cobrara nada menos que 300.000 euros al año, una parte con carácter retroactivo, convirtiéndole en el primer presidente en la historia de la caja que lo hacía. Y su lucha encarnizada ahora por demostrar lo que el propio Crespo ha negado: que trabajó para Tinser, la participada a cuyo frente se le colocó para poder asignarle unas retribuciones que como presidente de la CAM era imposible debido a las limitaciones fijadas en los estatutos.
Pero hay más elementos que hacen difícil aventurar cuál puede ser el fallo del tribunal presidido por Javier Martínez Marfil en un asunto del que el magistrado Jesús Gómez Angulo es el ponente.
Aunque el quid de la cuestión radique en si fue legal el acuerdo por el que se asignaron los pagos (algo que además de López Abad defienden los miembros de la comisión de retribuciones y el secretario del consejo), no hay que olvidar un hecho relevante en un proceso en el que se está juzgando un delito económico: nadie se siente perjudicado.
Apuntado por la Fiscalía el quebranto al Sabadell, actual propietario del negocio financiero de la caja, donde se encontraba Tinser, y tras renunciar la Fundación CAM a seguir como acusación particular, los juzgadores se encuentran con que nadie reclama esos 600.000 euros. Una cantidad que el expresidente ya ha comenzado a devolver (tiene tres años para hacerlo) por el acuerdo al que ha llegado con la Fiscalía para evitar el ingreso en prisión.
El desinterés del banco catalán en todos los asuntos judiciales abiertos por la gestión de la caja, incluso en aquellos en los que puede ser resarcido, ha llevado a alguna de las defensas a referirse al fiscal Felipe Briones como a un Robin Hood, aunque en una historia sin pobres en este caso, que está recaudando para la entidad catalana.
Con todas estas variables resulta complicado aventurar el sentido de un fallo que puede bascular desde la condena de los 21 acusados a la absolución de todos ellos (incluido Crespo pese a su pacto con la Fiscalía) pasando por las las opciones más acotadas planteadas por las acusaciones: que sólo sean responsables el expresidente, el exdirector general y el exsecretario de consejo, como sostiene el letrado Diego de Ramón, o ampliar el círculo a los miembros de la comisión de retribuciones y a los exvicepresidentes, la propuesta de fiscal. Un final que, después de todo lo dicho y lo hecho, confirma que el caso sigue abierto.
