Sin tregua. Cuando aún está caliente el banquillo de los acusados en el proceso por el pago al último presidente de la CAM, Modesto Crespo, de 600.000 euros sin que realizara actividad que lo justificara, según ha admitido el propio empresario, y sobre la mesa de un tribunal de la Audiencia Nacional se encuentra pendiente la decisión acerca del archivo de la causa abierta por las preferentes de la caja de la que el miércoles se celebró la primera (y previsiblemente última) sesión de la vista oral, la magistrada Carmen Lamela acaba de reactivar otra de las piezas abiertas por la gestión de la CAM: la que indaga las relaciones entre la entidad de ahorros y la promotora alicantina Hansa Urbana. Unos contactos que el Banco de España calificó como «privilegiados» en el informe que ha servido de base a las actuaciones judiciales en las que, de momento y a la espera de lo que diga el Supremo, cuatro exdirectivos ya han sido condenados.
A instancias del Fondo de Garantía de Depósitos (que fue quien recapitalizó la caja con 5.249 millones tras su quiebra y quien asume la mayor parte de las pérdidas de sus actuaciones a través del Esquema de Protección de Activos concedido al Sabadell), la instructora ha citado para los últimos días de este mes a la exdirectora general, María Dolores Amorós, al responsable de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, al exdirector general de la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), Vicente Sánchez, al último presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, y a otros tres miembros de este órgano: Remedios Ramón, María Asunción Martínez y Francisco Grau. Éste último es el asesor fiscal del exministro Eduardo Zaplana encarcelado junto a él en la prisión de Picassent desde finales de mayo.
Todos ellos tendrán que comparecer en calidad de investigados en una pieza en la que ya lo están el exdirector general Roberto López Abad y el exresponsable de Empresas Daniel Gil, quienes ya declararon por estos hechos.
Sospechas
Se trata de una de las últimas piezas que abrió el entonces magistrado Javier Gómez Bermúdez antes de dejar el juzgado para, a petición del Fondo, tratar de esclarecer las conexiones entre la caja y la promotora, donde la entidad tenía una participación minoritaria, unos contactos que llamaron la atención del Banco de España.
Las sospechas del supervisor de centraban en varias operaciones societarias que se produjeron a finales de 2010 y que, según los inspectores, buscaban que la caja pudiera engordar artificialmente sus beneficios en unos 40 millones mediante la generación de falsas plusvalías a través del intercambio de acciones entre la CAM y los Galea. Eran las últimas cuentas que la entidad tenía que presentar en solitario antes de fusionarse con Cajastur, lo que no llegó a producirse.
«Reestructuración generosa»
Según el informe, los responsables de la caja habrían devuelto el favor a sus socios aceptando una reestructuración de su deuda más que generosa, lo que evitó su entrada en concurso de acreedores ese mismo año. Para ello, la CAM aceptó cancelar una deuda de 108 millones y entregó otros 7,5 millones en efectivo a cambio de dos solares en Valladolid y Zaragoza y de las participaciones de Hansa en los proyectos que habían emprendido de forma conjunta en México
En opinión del Banco de España, las tasaciones de estos activos fueron completamente desproporcionadas, como luego se comprobó cuando el Sabadell acabó prácticamente regalando los terrenos adquiridos en Baja California donde la CAM y Hansa iban a construir supuestamente miles de viviendas.
Además de los seis investigados las juez también ha citado, aunque en calidad de testigos, a los exdirectivos de la caja Salvador Ochoa y Manuel Lerma, al exvicepresidente Armando Sala y a Javier García del Río, exdirector de Inmobiliario de la caja que después pasó a la plantilla del Sabadell.
Galea está procesado por un delito de cohecho por supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto Novo Carthago, una macrourbanización de hasta 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf que Hansa pretendía construir en una zona protegida de Cartagena.
