06 de julio de 2018
06.07.2018

Javier López Mora: «La construcción del centro de oficios de Coepa fue impecable y un ejercicio de transparencia»

El exsecretario de la extinta patronal y los expresidentes Joaquín Rocamora y Modesto Crespo defienden la legalidad de las ayudas en el juzgado

06.07.2018 | 13:10
Los expresidente de Coepa Joaquín Rocamora y Modesto Crespo, a su entrada al juzgado este viernes.

La jueza centra sus pesquisas en determinar si las subvenciones del Servef y el crédito del IVF eran compatibles.

Los que fueran presidentes de Coepa Joaquín Rocamora y Modesto Crespo y el exsecretario general de esta organización Javier López Mora defendieron ayer en el juzgado la legalidad de las ayudas recibidas por la patronal para la construcción de su malogrado centro de oficios. Un inmueble actualmente en desuso en el que se invirtieron 6,8 millones de euros y que supuso la ruina de la organización empresarial, en la actualidad en fase de liquidación.

De esta forma, López Mora llegó a asegurar, a su salida del juzgado, que la gestión del proyecto fue «impecable» y todo un «ejercicio de transparencia» frente a lo que defiende el Servef, que acusa a los responsables de Coepa de fraude en subvenciones por importe de 1,9 millones y de estafa agravada al entender que las ayudas que le concedió para financiar las obras eran incompatibles con el crédito que también había otorgado a la patronal el Instituto Valenciano de Finanzas con el mismo objetivo, que también considera una ayuda. Un préstamo del que, según el organismo autonómico, no se le informó.

En este sentido, el exsecretario general de la desaparecida patronal alicantina insistió en que «una cosa es un crédito y otra una subvención», dejando claro que, a su juicio, no existía ninguna limitación para beneficiarse de ambos.

López Mora, Rocamora y Crespo acudieron ayer a los juzgados de Benalúa de Alicante para declarar en calidad de investigados por este causa. Al igual que el primero, los dos expresidentes negaron ante la jueza haber cometido ningún fraude, aunque rechazaron realizar ningún comentario a su salida.

También declararon, en este caso como testigos, el que fuera secretario autonómico de Empleo durante la época en que ocurrieron los hechos, Luis Lobón, y el exdirector general del Servef, Joaquín Vaño.

Una instrucción casi concluida

Tras las declaraciones de ayer, la jueza no ha decidido acordar nuevas actuaciones y las fuentes consultadas aseguran que la fase de instrucción del caso se da prácticamente por concluida, una vez que el IVF también ha remitido ya la documentación sobre el crédito que se le solicitó. En este sentido, las pesquisas de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, María Luisa Carrascosa, se están centrando exclusivamente en dilucidar si las ayudas del Servef eran compatibles con el crédito del IVF, o si la extinta patronal ocultó deliberadamente la existencia de este último para beneficiarse de las subvenciones del organismo autonómico, ya que, en principio, no parece haber indicios de que se desviara el dinero hacia otros fines, como sí apuntaba la querella inicial de la Generalitat Valenciana.

Para añadir más leña al fuego, como viene contando este diario, el propio IVF ha señalado en uno de los documentos remitidos al juzgado que su relación con Coepa se limitó a concederle un préstamo regulado por la legislación mercantil y que no le dio ninguna ayuda. Una afirmación a la que se acogen las defensas para tratar de que se cierre el caso, pero que la Abogacía de la Generalitat no ve de la misma manera, e insiste en que la ilegalidad de recibir fondos públicos de dos organismos distintos para la misma finalidad.

Aunque la construcción del centro de oficios se realizó entre 2005 y 2010, no fue hasta agosto de 2016, con el nuevo Ejecutivo autonómico, cuando la entonces secretaria autonómica de Economía, María José Mira, denunció los hechos al detectar que se habían utilizado las mismas facturas para justificar las subvenciones y la disposición de fondos del crédito del IVF. Tras unos meses, el juzgado decidió archivar la causa por la prescripción de los posibles delitos sin entrar en el fondo, pero la Audiencia Provincial obligó a reabrirla tras el recurso presentado por el Servef.

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