Un mes y medio después de su inicio, el juicio por las dietas de 600.000 euros que recibió el expresidente de la CAM Modesto Crespo a través de una participada de la caja quedó ayer visto para sentencia, en una sesión que reflejó claramente el sálvese quien pueda en que se convirtió el proceso casi desde su arranque. Por un lado, las defensas de hasta siete consejeros «rasos», para los que la Fiscalía finalmente ha pedido la absolución, lamentaron que la decisión del Ministerio Público no se tomara antes de iniciar la vista oral -lo que les hubiera ahorrado el mal trago- y, por si acaso, descargaron cualquier posible responsabilidad sobre el exdirector general de la entidad Roberto López Abad; el propio Crespo; el letrado asesor del consejo, Juan Martínez-Abarca -que no está entre los imputados pero al que muchos consejeros hubieran querido ver en el banquillo-; o sobre sus compañeros de la comisión de retribuciones, para los que el fiscal sí mantiene su petición de penas.
Fue precisamente el representante de uno de estos últimos, el letrado del catedrático Martín Sevilla, el que cerró el turno de intervenciones reprochando al resto que tuviera que «defenderse de las defensas» y no únicamente de la Fiscalía y, eso sí, aprovechando para arremeter con dureza contra el pacto alcanzado por Crespo para declararse culpable a cambio de una rebaja de pena. Así, el letrado censuró, por ejemplo, la retirada de varios testigos por parte de sus colegas -en concreto, de los ejecutivos Joaquín Meseguer y José Pina, que podrían haber explicado cómo se gestó la idea de poner a Crespo al frente de Tinser Cartera- pero, sobre todo, criticó con ironía que al expresidente de la CAM le hubiera dado «por reconocer que en el 39 invadió Polonia» con el único objetivo de salvarse, lo que ha obligado al resto a demostrar que las retribuciones que recibió fueron legales y que las recibió por el trabajo real que desempeñó.
En este sentido, cabe recordar que Martín Sevilla, junto con el expresidente de la comisión de retribuciones de la CAM Antonio Gil-Terrón; el exdirector general López Abad; y el exsecretario del consejo José Forner son los únicos que defienden que las dietas de Crespo y el hecho de que las cobrara de forma retroactiva desde seis meses antes de su designación como presidente de Tinser fueron aprobadas en el consejo de administración y que los pagos son legales. Así, por ejemplo, su representante recordó que ya hay una sentencia del Supremo que avaló que el presidente de la comisión de control de la CAM Juan Ramón Avilés cobrara un sueldo de otra filial.
Café para todos y rehenes
Por el contrario, el resto de consejeros sostienen que las dietas de Crespo nunca pasaron por este organismo y que se limitaron a aprobar su nombramiento como presidente de Tinser, como ayer volvieron a insistir las defensas de los siete que restaban por intervenir. La de Ginés Pérez, por ejemplo, lamentó el «café para todos» que, a su juicio, había intentado la Fiscalía al haber incluido inicialmente a todos los consejeros en el mismo saco e insistió en que ningún momento se ha demostrado la existencia de un plan preconcebido y aprobado por todos para beneficiar a Crespo. Por su parte, el representante de Elia Rodríguez lamentó que algunos de los acusados hubieran querido tomar como «rehenes» al resto de consejeros para defenderse de «los tiros», en alusión a los que aseguran que el consejo sí aprobó las dietas; mientras que la defensa del valenciano José Rovira, con un estilo muy vehemente, señaló que el juicio nunca debió celebrarse porque no había ningún delito.
Muchos de ellos también cargaron las tintas contra el exasesor jurídico y exsecretario de actas del consejo, Juan Martínez-Abarca, del que señalaron que debía ser el garante de que todo lo que aprobara este órgano de la CAM fuera legal y, sobre todo, al que todos apuntan como supuesto manipulador de las actas -junto con José Forner- para que incluyeran la aprobación de las retribuciones de Crespo.
Una vez concluido el juicio, ahora la sala debe decidir. La Fiscalía ha pedido la absolución para 13 de los consejeros acusados inicialmente, mientras que reclama penas de entre dos y cuatro años de cárcel por administración desleal para López Abad, los tres vicepresidente de la caja, los miembros de la comisión de control y el secretario del consejo, además de los nueve meses que ya ha aceptado el propio Crespo. La acusación popular solo acusa a López Abad, a Crespo y a Forner.
Mercedes Gallego analiza el juicio
