Con precisión de cirujano el fiscal anticorrupción Felipe Briones fue ayer del todo a la parte, diseccionó su esquema de responsabilidades y pidió la absolución para 13 de los 21 acusados por al abono al expresidente de la CAM Modesto Crespo de 600.000 euros por un trabajo que nunca desarrolló, según ha admitido el empresario ilicitano «sin que ninguna defensa lo haya cuestionado», recalcó el acusador público.

Así lo afirmó en una sesión que dejó descolocados a todos después de que el día anterior hubiera exonerado de responsabilidad civil a los encausados (excepto a Crespo, que ya ha comenzado a devolver lo cobrado) pero manteniendo la penal. Algo que corrigió durante un informe en el que únicamente cargó contra el beneficiario de los pagos, contra el exdirector general y coartífice de la «filigrana» que los hicieron posibles, Roberto López Abad, contra los tres miembros de la comisión de retribuciones que los informaron (Martín Sevilla, Antonio Gil-Terrón y Luis Esteban), contra el exsecretario del consejo que les dio forma, José Forner, y contra los exvicepresidentes Armando Sala y Ángel Martínez que «por experiencia debían saber y sabían» que tanto la cuantía de la retribución (300.000 al año) como el carácter retroactivo con que se abonaron los primeros 150.000 contravenían los estatutos de la caja. Una actuación que el fiscal enmarcó en un delito de administración desleal por el que reclama penas de entre dos y cuatro años de cárcel.

De los trece exconsejeros que ayer pudieron respirar tranquilos vino decir que una cosa es que aprobaran el acuerdo y otra, que supieran en realidad a lo que le estaban dando luz verde. «La forma en cómo discurrió la sesión (en la que se aprobaron los pagos) podía hacer creer que el asunto venía ya resuelto desde la comisión de retribuciones». Eso además de que los vocales «no accedían ni tenían acceso sencillo» a la documentación por la que, de haber querido, hubieran dispuesto de toda la información del tema.

Sin escatimar en valoraciones, Briones se refirió a López Abad como «el valedor» para que Crespo se embolsara 600.000 euros cuando «podía haber comprobado perfectamente» que nunca trabajó para Tinser, la participada a cuyo frente se le situó pero por la que nada hizo salvo mantener una reunión con el máximo ejecutivo de la mercantil un año después de su nombramiento. «Un palmario fraude de ley», concretó.

Tras insistir en que si Crespo hubiera realizado alguna actividad no le habría sido difícil probarlo, en vez de admitir la ilegalidad de los pagos, el acusador hizo hincapié en «la solución ilegal y sibilina» por la que Crespo se convirtió en el primer presidente de la CAM con sueldo haciéndose pasar por ejecutivo «cuando no fue presidente ni nada. No existe un escrito, un mail o un testigo que lo acredite».

Sin cuestionar la legalidad del acta que la mayoría de los acusados aseguran que fue falseada, para Briones no existe ninguna duda de la responsabilidad en estos hechos del los tres miembros de la comisión de retribuciones, del secretario de consejo y hasta de los dos vicepresidentes que durante todo el proceso han asegurado que se enteraron de estos pagos mucho después de que se aprobaran. «No eran vocales de base, eran delegados cuyo papel tenía que haber sido sumamente activo y responsable porque ellos eran la CAM», espetó ante las caras contrariadas y de preocupación de los no agraciados con la petición de absolución.