Como un jarro de agua fría. Así acogieron ayer la mayoría de los exconsejeros de la CAM acusados de convertir a Modesto Crespo en el primer presidente de la historia de la caja que cobraba el anuncio del fiscal anticorrupción de que mantenía los cargos para todos ellos: un delito de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal por el que reclama penas que oscilan entre los dos y los tres años de prisión según fueran sólo miembros del consejo de administración (dos años) o también de la comisión de retribuciones (tres).
A la sesión de ayer, la novena de esta vista oral y en la que finalizaron las testificales y se dio paso a la fase de conclusiones e informes, que comienzan hoy, gran parte de los encausados llegaron convencidos de que el fiscal Felipe Briones iba a retirar la acusación para ellos.
A favor de esta percepción frustrada jugaban las declaraciones en bloque de prácticamente todos los miembros del consejo que dio luz al abono de 300.000 euros al año al empresario ilicitano por no hacer nada a cambio. Una ilegalidad que el propio beneficiario de estos pagos, con los que se embolsó 600.000 euros cuando la entidad ya estaba agonizando, ha admitido en un pacto con la Fiscalía que le libra de ingresar en prisión pero que ha dejado al resto de sus compañeros de banquillo en una situación complicada.
Las excepciones
Excepto el secretario del consejo José Forner y los también miembros de la comisión de retribuciones Martín Sevilla y, con matices, Antonio Gil-Terrón (además del exdirector general Roberto López Abad, quien no era miembro del consejo), todos los demás han declarado desde el principio de este procedimiento que tal remuneración nunca se llevó a ese órgano, por lo que dificilmente pudieron aprobarla. Afirmación que también ha respaldado el tercer integrante de la comisión de retribuciones, el empresario Luis Esteban.
Unas manifestaciones que se suman a las dudas que han planeado a lo largo de todo el proceso sobre la legalidad del acta que recoge lo que ocurrió en aquella sesión del 27 de noviembre de 2009, a la que estos consejeros aseguran que únicamente se llevó el nombramiento de Crespo al frente de la participada Tinser Cartera, y que les condujo a pensar que la solución a su calvario judicial estaba cerca. Pero no fue así.
A definitivas
Tras aceptar la confesión de Crespo, Briones hizo lo propio con el escrito de acusación de la Fiscalía y elevó sus conclusiones a definitivas, es decir, sin modificarlas en cuanto a la responsabilidad penal. Pero se guardaba un as en la manga. Tras el abono por parte del expresidente de 200.000 euros y el compromiso de devolver los 400.000 restantes en los próximos tres años, una condición indispensable para el pacto con el Ministerio Público, el fiscal exoneró de responsabilidad civil al resto de los acusados, a quienes hasta ese momento se les reclamaba el pago solidario de los 600.000 euros percibidos por Crespo.
Una decisión que los encausados acogieron con visible júbilo hasta el punto que uno de ellos no pudo reprimir un par de tímidos aplausos que el tribunal dejó pasar como si no los hubiera oido.
Aunque la retirada de la responsabilidad civil no compensó el fiasco de que se mantuviera la penal, la jornada de ayer reservaba a la mayoría otra alegría. El abogado Diego de Ramón, que representa a la acusación popular y particular, anunció también un cambio respecto a sus conclusiones provisionales: la retirada de los cargos a todos los acusados excepto para el exdirector general, que se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión, para el exsecretario del consejo José Forner, que se le reclaman dos, y para el beneficiario de los pagos, Modesto Crespo, quien paradójicamente sólo puede ser condenado a los 9 meses de prisión que figuran en el acuerdo alcanzado con Anticorrupción y que también apoyó el letrado murciano, quien hoy tendrá que presentar por escrito su cambio de criterio.
Antes de producirse estos anuncios, que hizo que los acusados se marcharan a casa menos esperanzados de lo que habían llegado pero expectantes ante el contenido del informe que hoy exponga Briones, prestó declaración las última tanda de testigos citados a instancias de las defensas, fundamentalmente por la de Martín Sevilla.
Ante el tribunal presidido por Javier Martínez Marfil desfilaron, entre otros, el consejero delegado de Rivera Salud, Alberto de Rosa, Joaquín Valera y Joaquín Pérez, por Terra Mítica y el Grupo Soledad, respectivamente, y el abogado Antonio González, en nombre de los concesionarios del mercado de Elche. Testigos que en realidad desmintieron a Crespo al asegurar que trabajaba en nombre de Tinser. Aunque también es cierto que los hubo que no supieron aclarar si sus c0ntactos con el empresario ilicitano eran por su cargo al frente de la participada o como presidente de la CAM.
