Hubo una época en que las notarías de la provincia no daba abasto para atender la demanda que tenían. Con más de 60.000 casas vendidas anualmente y cerca de 100.000 hipotecas, el trabajo desbordaba a estos profesionales, lo que llevó al Ministerio de Justicia a aprobar la creación de 24 nuevas plazas de una tacada, que elevaron de 122 a 146 el número total de notarías de la demarcación. El problema, como suele ser habitual, es que la Administración tomó esta decisión demasiado tarde, en el año 2007, solo unos meses antes de que la caída de Lehman Brothers provocara el estallido de la burbuja inmobiliaria y se llevara por delante buena parte de la economía provincial.
El resultado fue que la mayoría de las nuevas plazas se quedaron vacantes o fueron ocupadas durante muy poco tiempo, mientras su titular acumulaba puntos para solicitar el traslado a un destino más rentable, tal y como recuerda el vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, el alicantino Delfín Martínez. De esta forma, al Ministerio no le quedó más remedio que dar marcha atrás e iniciar en 2015 un proceso de supresión de despachos, que ha llevado a que en la actualidad ya se hayan amortizado hasta 17 de las 24 notarías que se autorizaron.
«Hay que reconocer que en aquella época nadie se esperaba lo que iba a ocurrir. Ni siquiera cuando las cosas empezaron a ir mal se pensó que la caída podía ser tan grande», recuerda Martínez, que asegura que la crisis pilló a contrapié a buena parte de estos profesionales, cuando habían realizado importantes inversiones en la mejora de sus instalaciones o de los equipos informáticos.
«Lo pasamos muy mal. La mayoría de los notarios tuvimos que aplicar recortes de plantilla y algunos estuvieron bordeando la situación concursal», señala el representante del colectivo. Basta recordar que la venta de viviendas se redujo a un tercio de las cifras que se daban en pleno boom y que la firma de hipotecas llegó a reducirse en más de un 85%.
Sin duda, una situación nada propicia para abrir una nueva notaría y más si se tiene en cuenta que la mayoría de las nuevas plazas se aprobaron en poblaciones costeras, en aquella época la «zona cero» de la debacle.
Así, en la revisión de 2007 se autorizaron hasta tres nuevas notarías en Torrevieja y dos en Guardamar, Santa Pola o Alicante. También se crearon nuevas plazas en Benidorm, l'Alfàs, Altea, Dénia, Xàbia, El Campello, Orihuela o Elche, y así hasta sumar casi una veintena de poblaciones.
Unas plazas que, oposición tras oposición, quedaban vacantes porque nadie quería asumir el riesgo que suponía empezar de cero y optaba por otros destinos. «También hubo quien se atrevió y tuvo que pasar más de un año pidiendo ayuda a su familia hasta que pudo cubrir gastos», señala Delfín Martínez.
De esta forma, por ejemplo, si en 2007 se autorizaban dos nuevas notarías en Alicante, en la revisión de 2015 se optó por suprimir cuatro plazas en esta población, que se han amortizado progresivamente: primero las que ya estaban vacantes y, luego, las que han ido quedando libres por jubilación o por traslado. Igualmente, se optó por suprimir tres plazas en Benidorm, dos en Elche y otra dos en Torrevieja, entre otros municipios. Un proceso que, de momento, ha dejado la cifra total de notarías de la provincia en 129, según los últimos datos oficiales.
Nuevas competencias
Por fortuna, las vacas flacas empiezan a quedar atrás y la recuperación económica ha permitido que también los despachos notariales empiecen a mejorar sus ingresos y vuelvan a ser rentables para sus titulares. Una mejora en la que también ha influido el hecho de que el Gobierno decidiera atribuir a estos profesionales nuevas competencias a través de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que se aprobó en el mismo 2015 y que también tiene por objetivo descargar de trabajo los juzgados y otros organismos oficiales.
Así, hay que recordar que ahora los notarios pueden celebrar matrimonios o tramitar divorcios; que también pueden formalizar herencias de personas que han fallecido sin dejar testamento o, incluso, actuar en los casos de reclamaciones de cantidad no controvertidas. «No son documentos de mucha cantidad, pero han contribuido a que se pueda mantener y garantizar el servicio público que prestamos», señala el vicedecano del Colegio.
