En términos generales, la situación ha mejorado en España. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana ocurre todo lo contrario. Las cosas han empeorado, hasta el extremo de que la desigualdad sigue al alza. Así se desprende al menos de la última Encuesta de Condiciones de Vida hecha pública ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que toma como referencia los datos relativos a 2016. Mientras que, de media, en el conjunto del territorio nacional la tasa de riesgo de pobreza se rebajó hasta el 21,6%, frente al 22,3% de un año antes, en la Comunidad Valenciana se pasó al 25,6% frente al 24,4% de la encuesta de 2016, rompiendo así la tendencia al alza experimentada en los dos últimos años. La conclusión es clara: una de cada cuatro personas se encuentra en riesgo de pobreza, indicador éste que mide la desigualdad, no la pobreza absoluta, o, dicho de otro modo, es una tasa que marca la cifra de personas que viven con menos ingresos que el resto de la población. Y todo ello pese a que el PIB y la renta per cápita ya están en niveles próximos a los de antes de la crisis. Se confirma así una vez más la redistribución de la riqueza en esta última década, con pobres más pobres y una polarización social en detrimento de las clases medias, como ya se ponía de manifiesto hace unos días en el estudio Oportunidades de empleo y renta en España 2007-2016, de la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

De entrada, en la encuesta del INE, la Comunidad se consolida en el grupo de las autonomías que más están sufriendo aún el impacto de la crisis, entre las que también se encuentran Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias, Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Todas a mucha distancia de la otra España, la del norte, con Navarra y el País Vasco a la cabeza, donde las tasas de riesgo de pobreza se sitúan en el 8,3% y el 9,7%, respectivamente.

En paralelo, sube la tasa Arope de riesgo de pobreza o exclusión social, que forma parte de los indicadores de la estrategia Europa 2020 de la UE, y que engloba a aquellas personas en riesgo de pobreza, en situación de carencia material severa, o en hogares sin empleo o con baja intesidad laboral. Concretamente, se pasa del 30,5% al 31,3%, unos porcentajes estos que contrastan con la caída experimentada de media España, con el 26,6% frente al 27,9%.

En cualquier caso, la encuesta del INE deja dos datos que, a priori, son menos pesimistas. De un lado, los ingresos medios anuales netos por persona subieron en casi 600 euros, alcanzando los 9.801 euros, cantidad ésta que se convierte en la más alta desde 2012, pero todavía con 1.200 euros de diferencia respecto a la renta media de España. Por otra parte, el número de hogares de la Comunidad que confesaban llegar a fin de mes con mucha dificultad cae de forma considerable en Alicante, València y Castellón, hasta situarse en el 11,5%, y pese a que un año antes se había llegado al 25,7%. No obstante, casi la mitad de los hogares no tenían capacidad para afrontar gastos imprevistos, y aquellos que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado como mínimo cada dos días suben hasta el 5,1%. También repunta, hasta el 10,6%, el porcentaje de aquellos que no pueden permitirse disponer de un ordenador personal, mientras que el 5,3% no puede tener un automóvil. Sí baja, y bastante, el número de hogares que no pueden poner la calefacción en la Comunidad, con un 9,8%, cuando en el ejercicio anterior dos de cada diez familias aseguraban que estaban en esa situación. Además, los que confiesan que no pueden irse de vacaciones ni una semana al año consiguen el nivel más bajo desde el principio de la crisis: se llega al 37,5%, cuando en 2012 eran más de la mitad.