La Generalitat tendrá que modificar el sistema que utiliza actualmente para calcular los impuestos que hay que pagar cuando se compra un piso de segunda mano o cuando se heredan una propiedad, después de que el Tribunal Supremo haya establecido en una sentencia que el método que emplean la mayoría de comunidades no se ajusta a derecho. Para evitar fraudes y que los contribuyentes declaren cantidades inferiores a las que han pagado, la mayoría de ejecutivos autonómicos liquidan los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones en base a unos coeficientes multiplicadores que aplica al valor catastral de los inmuebles, con independencia de lo que haya costado realmente en el mercado. Un método que, según el Supremo, no es «ni idoneo, ni adecuado» salvo se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

Aunque se refiere a un caso de Castilla-La Mancha, el fallo del Supremo sienta doctrina por lo que la Conselleria de Hacienda y, en concreto, el Instituto Valenciano de la Administración Tributaria ya está estudiando sus repercusiones y las modificaciones que tendrá que introducir en la normativa.

Lo más curioso del caso es que la Generalitat había recuperado esta sistema de cálculo hace apenas un año -en abril de 2017- después de haberlo abandonado durante los dos ejercicios anteriores por la avalancha de sentencias en contra que había recibido en los juzgados. Fue a raíz de otro pronunciamiento del Supremo, que estimó un recurso del Consell en el que avalaba la aplicación de estos coeficientes. Por eso, desde el Ejecutivo autonómico destacan lo contradictorio del nuevo pronunciamiento del Alto Tribunal y no acaban de tener clara su repercusión.

Lo más probable es que se regrese al modelo aplicado en 2015 y 2016, en que el importe calculado con coeficiente se tenía sólo como referencia y se enviaba un perito para comprobar el valor real del inmueble cuando la diferencia con la cantidad declarada por el contribuyente era significativa. Durante el año pasado estas liquidaciones complementarias se remitieron sin la intervención de este profesional a unos 4.700 contribuyentes.