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Climent y las ITV revisarán el modelo a cuatro años de que expiren las concesiones

La Administración y las concesionarias crean una comisión de trabajo para negociar el futuro de este servicio privatizado que finaliza en 2022

Climent y las ITV revisarán el modelo a cuatro años de que expiren las concesiones agencias

La Conselleria de Economía y la asociación que agrupa a las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) vuelven a la mesa de negociación. Justo un año después de que quedara guardada en el cajón la rebaja de tasas del 10% que planeaba el entonces director general de Industria, Diego Maciá, Administración y empresas han acordado sentarse de nuevo. Esta vez para negociarlo todo. «Una comisión de trabajo para determinar qué tarifas se ponen y también qué modelo de ITV queremos en el futuro», explican desde la Conselleria. Todo ello a cuatro años de que expire el régimen de explotación privada ideado en 1997 por el Gobierno de Zaplana.

El momento favorece a las empresas. Las ITV tienen en su mano una sentencia que obliga a la Generalitat a subir los precios. Hace un año, el TSJ anuló la bajada del 17% impuesta por el Consell de Fabra en 2014. Y la patronal que las agrupa -Aecova- ya ha amenazado con pedir una indemnización de más de 50 millones. Sin embargo, las empresas han comenzado a pensar en el futuro de un servicio privatizado cuyo contrato expira el 31 de diciembre de 2022.

Con la entrada en vigor de nuevas exigencias técnicas en las pruebas y el aumento del parque móvil, la patronal plantea la necesidad de incrementar la red de estaciones, una inversión que pasaría por modificar el actual contrato. «Hay una necesidad de reordenar el servicio a futuro», sostienen. El conseller de Economía, Rafa Climent, se ha puesto al frente de una negociación que va a ir más allá de las tasas.

El desencadenante de las negociaciones, con todo, es el fallo del TSJ de hace un año que anula la rebaja de tasas de 2014. El tiempo corre en contra de la Conselleria, que asume que en septiembre tiene que ejecutarse la sentencia favorable a la concesionaria Applus Iteuve, con estaciones en Alicante, Elx y Benidorm. La sentencia, de facto, obliga a volver al régimen tarifario de 2013. El tribunal valenciano enmendó aquel decreto de Fabra, que redujo sustancialmente el coste de la sonometría y la prueba de contaminantes porque no se presentó un estudio económico financiero que justificara la rebaja. En este punto, los servicios jurídicos de Economía tienen que decidir si ahora la subida solo se aplica al área de influencia de esta concesionaria o a toda la autonomía.

La Conselleria, de momento, sostiene que la sentencia solo afecta a esa concesionaria, y remiten a la negociación que va a ponerse en marcha. «Queremos negociar para que toda la autonomía tenga las mismas tarifas», señalan desde el departamento que dirige Climent. Las mismas fuentes sostienen que de esa negociación no tiene por qué resultar necesariamente una subida de tasas, que la actualización puede ir a la baja.

Difícilmente lo aceptará la patronal si no obtiene contrapartidas. Los titulares de este sector, privatizado en 1998, quieren negociar mejoras a futuro. «El servicio se privatizó hace 20 años. El parque móvil aumenta un 2% al año. Los tiempos y las exigencias de los manuales son cada vez mayores, por las mismas líneas tienen que pasar más coches, con más exigencias, más rechazos», defienden.

«Hay que reordenar el servicio a futuro, introducir las últimas novedades técnicas y ver cómo se afronta el futuro de las tarifas. Anticipar todos los escenarios y que sea lo menos doloroso para todos», concluyen.

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