El envejecimiento de la población agraria y la falta de rentabilidad de la agricultura en la Comunidad han conformado un escenario de progresiva pérdida de superficie de cultivo y de titulares de explotaciones, de acuerdo con los datos que ayer expuso el secretario general de la Unió de Llauradors, Ramón Mampel, en la comisión de Agricultura de las Cortes Valencianas que analiza la futura Ley de Estructuras Agrarias. Mampel aseguró que los datos que arroja el sector son «alarmantes», por lo que considera que «hay que reaccionar ya con instrumentos como esta ley (ley de Estructuras Agrarias)».

En las cifras que puso sobre la mesa de la comisión, aludió a que en la Comunidad hay 107.318 titulares de explotaciones, pero «sólo el 4%, es decir, 4.474 productores tienen menos de 40 años; y el 50% (53.635) tienen más de 65 años. Y si se suman los de más de 60, existen 65.592 titulares, el 61%», según la Unió. Para Mampel, «lo más grave» es que en los últimos quince años, «se han quedado por el camino 42.290 titulares de explotaciones agrarias, un 28%. Hay un claro síntoma de envejecimiento de la población dedicada a la actividad agrícola», incidió. De hecho, advirtió de que «cada día se pierden 4,55 propietarios de explotaciones agrarias en la Comunidad». De forma paralela, el secretario de la Unió habló de la amenaza que supone la pérdida de superficie agraria en la Comunidad, que se concreta en un descenso del 17% en los últimos quince años, al pasar del 1.013.00 hectáreas a las 859.000 actuales. En la provincia de Alicante, entre 2007 y 2016 las hectáreas cultivadas se han reducido un 32,3%, al pasar de las 152.898 a las 103.472, según los mismos datos de la Unió. Además, en 15 años, la autonomía también ha dejado de tener 41.000 explotaciones agrarias.

Con estas cifras sobre la mesa, Mampel considera que para que salga adelante la ley es necesario «que tenga unos compromisos presupuestarios claros que la hagan viable como instrumento de modernización y competitividad». Y, paralelamente, planteó la pertinencia de crear «incentivos fiscales a la compra de tierras, cesión o arrendamiento de las fincas rústicas, tanto para los agricultores profesionales como para las iniciativas de gestión en común que recoge el anteproyecto de ley», añadió el representante de la Unió.Para los productores, la reducción progresiva de superficie agraria está directamente relacionada con la pérdida de rentabilidad de la agricultura de la Comunidad, «que lastra la competitividad de las explotaciones». Pero, además, advierten de otros factores limitadores como «la alta fragmentación de la propiedad, la carencia de una gestión común de la misma, la baja profesionalización de la actividad agraria o la nula existencia de herramientas para planificar la toma de decisiones sobre aquello que hay que plantar o sembrar».