Al igual que ocurrió en la primera jornada de declaraciones en la causa que indaga varias operaciones de compra de terrenos financiadas por la CAM, de dudosa rentabilidad económica para la caja pero que permitieron pingües beneficios a sus socios sin tan siquiera iniciarse los proyectos para los que se adquirieron, ayer también en la Audiencia Nacional «se disparó hacia arriba».
Así fue como coincidieron en resumir fuentes del caso el resultado de la tanda de interrogatorios de quienes ayer comparecieron como investigados. Entre ellos, el expresidente de la comisión de control de la caja Juan Ramón Avilés, que se acogió a su derecho a no declarar, varios exdirectivos de la entidad de ahorros y de la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), con la que la CAM se embarcaba en estos proyectos, así como representantes de las mercantiles que supuestamente se beneficiaron de esta operativa.
Se trata de una investigación que pretende aclarar si la entidad permitió a través de unas operaciones financieras que los socios de las mismas obtuvieran grandes ganancias sin tan siquiera iniciarse los proyectos al vender el suelo que acababan de comprar con enormes plusvalías. Unas prácticas que habrían provocado a la CAM pérdidas de más 460 millones según el informe elaborado por el Banco de España.
Si en las declaraciones del lunes se insistió en que todas las operaciones llegaban informadas a la comisión de control, varios de cuyos miembros comparecieron como investigados, la jornada de ayer discurrió por los mismos derroteros. Eran los máximos responsables de la CAM quienes daban el visto bueno a estos préstamos en alusión, aseguraron fuentes presentes en los interrogatorios, al exdirector general Roberto López Abad y al exdirector de Empresas Daniel Gil, también investigados en este causa y quienes ya prestaron declaración por ello.
Entre los que ayer comparecieron ante la magistrada Carmen Lamela, mandos intermedios de la caja como quien fuera director de control de riesgos Manuel Pomares, el exdirector de negocio inmobiliario Pedro Vivo o el exdirector general del TIP y el de proyectos Fructuoso Cano y José María Pla respectivamente. Junto a ellos también fue interrogado José Luis Bartibas, accionista mayoritario de una de las empresas a las que se otorgaron estos préstamos, el grupo Nyesa, quien defendió la corrección de todas las operaciones y atribuyó a las leyes del mercado las enormes plusvalías que se generaron. Los exdirectivos insistieron en el escalafón intermedio que ocupaban en el organigrama de la CAM donde sólo les quedaba cumplir las directrices que venían de arriba.
Este proceso, uno de los abiertos por la gestión de la caja, se archivó inicialmente al considerar la magistrada los hechos constitutivos de un delito administración desleal, que ya estaba prescrito, en vez de uno de apropiación indebida, con un plazo más largo de caducidad, lo que hacía posible proseguir con la instrucción.
No obstante, y pese a que el criterio de Lamela era coincidente con el de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia ordenó reabrir el caso dado que la investigación «podría aportar pruebas de la distracción definitiva de los réditos obtenidos al momento de trasladar el riesgo de las operaciones especulativas sobre solares o edificaciones de la CAM, gran perjudicada de los mismos», según recogía un auto del que fue ponente Eloy Velasco. El magistrado sostenía que «indiciariamente se aprecia una mecánica comisiva hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP que se reitera en el tiempo con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros».
