Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Esa fue la cábala que debieron hacerse los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó cuando le encargaron a su abogado, el prestigioso penalista Esteban Mestre, que buscara un acuerdo con Anticorrupción para lograr una rebaja en la pena en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional por sus negocios con la CAM en el Caribe.
En esos momentos los empresarios aún desconocían, aunque lo intuyeran, que la Fiscalía iba a pedir para cada uno de ellos 18 años de prisión más 23 millones de multa por defraudar a Hacienda más de 11,6 millones a lo largo de seis ejercicios fiscales, de 2008 a 2013. Eso además de otros cuatro años como inductores de un delito de administración desleal del que los exdirectivos de la CAM Roberto López Abad y Daniel Gil, sus socios en la mercantil con la que embarcaron a la CAM en la aventura empresarial transatlántica, serían los autores.
El quebranto económico por estas operaciones lo ha fijado el Banco de España en 28 millones, un agujero que el Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que tapar antes de que la CAM fuera vendida al Sabadell por un euro. Como responsables civiles directos y solidarios señala la acusación pública a los cuatro socios de Valfensal. El Sabadell no reclama nada.
Delito con agravantes
Los hoteleros, con los que la CAM se asoció a través de la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) constituyendo Valfensal, pretendían lograr una rebaja en la petición de pena por los seis delitos fiscales. Cargos a los que la Fiscalía ha aplicado las agravantes de la cuantía defraudada y la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas (empresas pantalla) y paraísos fiscales que dificultan la localización de lo defraudado y la identificación del responsable del delito, según establece el Código Penal.
La fiscal les acusa de haber montado una sociedad instrumental domiciliada en Curaçao, Jacksonport, con la que la que Ferri y Baldó simulaban llevar la gestión de los negocios desde allí cuando en realidad se dirigían desde las oficinas que tienen en Benidorm y en Mallorca. Operativa que utilizaban para eludir la tributación a Hacienda, según la acusación pública.
La ley contempla la eximente, que puede ser muy cualificada, de reparación del daño (abonar el dinero defraudado en este caso) lo que permite en el mejor de los supuestos rebajar la pena hasta en dos grados. Una hipótesis por la que los tres años solicitados por la Fiscalía para cada uno de los seis delitos contra la Hacienda Pública que se atribuyen a los hoteleros podrían quedar reducidos a entre seis meses y un año.
Pretensiones
Pese a la intención de llegar a ese acuerdo con la Fiscalía, todo apunta a que fueron las pretensiones de los hoteleros, que habrían ido más allá de lo que la Fiscalía estaba dispuesta a avenirse a contemplar y las prisas con las que se plantearon las negociaciones, lo que provocó que en este primer intento el pacto haya fracasado.
No obstante, los contactos podrían volver a retomarse sin olvidar que en este proceso se encuentra también personado el Fondo de Garantía de Depósitos como acusación particular, la única después de que la Fundación CAM se haya apartado del procedimiento.
En el desenlace también ha tenido su peso la postura del exdirector general y del exdirector de Empresas de la CAM. Ni Roberto López ni Daniel Gil, para quienes la fiscal reclama cuatro años de prisión por administración desleal y el pago solidario junto a sus exsocios de los 28 millones que la fiscal reclama para el Fondo de Garantía de Depósito, han estado en ningún momento por la labor de llegar a un pacto con Anticorrupción, lo que les hubiera obligado a admitir los hechos de los que se les acusa.
Anticorrupción sostiene que ambos utilizaron TIP «como una sociedad de gestión al margen de los mecanismo habituales de la CAM donde se concedieron préstamos (en alusión a Valfensal) basados en operaciones inmobiliarias y hoteleras que no cumplían la normativa propia de la caja». Unos créditos que, de otro modo, «no se hubieran podido conceder al no cumplir los requisitos requeridos por la CAM para ello». El exdirector general siempre ha defendido la legalidad de estas operaciones.
