La magistrada que lleva el presunto fraude en las subvenciones percibidas por Coepa ha citado a declarar como investigados a tres responsables de la patronal alicantina. Los investigados son el que fuera secretario general de Coepa Javier López Mora en la fecha de los hechos; así como los expresidentes de la institución, Modesto Crespo y Joaquín Rocamora, según la resolución notificada ayer. Los tres han sido citados a petición de la Abogacía de la Generalitat después de que la Audiencia reabriera esta causa y deberán comparecer el próximo 6 de julio. Por el momento, la Fiscalía, que pidió en su día el archivo de la causa, deja la acción penal en manos de la Generalitat. Ese mismo día, han sido citados como testigos dos responsables del Servef, Luis Lobón y Joaquín Gironés. La decisión no es firme y contra ella cabe recurso. El juzgado está, además, a la espera de recibir del Instituto Valenciano de Finanzas el contrato del préstamo y las facturas aportadas por Coepa.

La querella se presentó en septiembre de 2016 al detectar la Generalitat un presunto desvío de hasta dos millones de euros en el dinero con el que subvencionó la construcción de un centro de oficios entre los años 2002 y 2010. La anterior titular del juzgado, la magistrada Ana Hoyos, archivó la denuncia al considerar que los hechos estaban prescritos desde el año 2015, una postura que también había respaldado la Fiscalía. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Generalitat apelaron la decisión a la Audiencia que acordó reabrir las actuaciones. La reapertura de la causa se produce con una nueva magistrada en el juzgado, María Luisa Carrascosa y sólo afecta al presunto fraude de subvenciones, no al alzamiento de bienes .

La Audiencia consideraba que la Generalitat denunciaba varios hechos cuya finalidad era «la defraudación que alcanzaría por la obtención de importantes subvenciones y financiación pública para la construcción de un centro de prevención de riesgos laborales mediando un engaño». Para la Audiencia, lo denunciado podría ser constitutivo de distintos hechos delictivos que se irían concretando a lo largo que avancen las pesquisas, aunque cree «prematuro» decir concretar cuál en esta fase del proceso. De ellos, el más grave es el de estafa agravada, para el que el plazo de prescripción es diez años.