Normalmente cuando se habla de corrupción se suele asociar a un político recibiendo algún tipo de soborno de una empresa para favorecer sus negocios. Sin embargo, existe otro tipo de corrupción, la que se da entre las empresas privadas cuando, por ejemplo, un proveedor hace un «regalo» a un directivo para que compre su mercancía que es tan o más frecuente que la primera e igualmente peligrosa.
Así lo puso de manifiesto ayer el catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparencia Internacional, Manuel Villoria, durante una jornada celebrada en Alicante en el marco de la «Iniciativa empresarial por la ética y el buen gobierno». Un proyecto en el que se han unido la Conselleria de Transparencia, la de Economía, la patronal CEV, el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y la Confederación de Cooperativas con el objetivo de promover las buenas prácticas y poner fin a esta lacra.
No será una tarea fácil, a juzgar por los resultados de la encuesta sobre corrupción privada que ha dirigido Villoria y en la que han participado más de 600 responsables de compañías españolas. Sobre todo porque las repercusiones para las firmas involucradas en este tipo de tejemanejes siguen siendo muy escasas.
Así, hasta un 65,9% de los encuestados asegura que «rara vez» o «nunca» las compañías sorprendidas en un caso de corrupción entre particulares sufre algún tipo de pérdida financiera y casi la mitad -un 48,1%- ni siquiera cree que pueda suponer una pérdida reputacional para la firma. «Está claro que si no pasa nada cuando te pillan, no hay muchos incentivos para dejar de hacerlo», se lamentó el experto, antes de urgir a un cambio de mentalidad.
Y es que, a bote pronto, prácticamente todos los empresarios muestran su rechazo frontal a las prácticas corruptas pero la situación cambia a medida que se empieza a profundizar. Por ejemplo, hasta el 99,6% asegura que rechazaría si alguien le ofreciera dinero o un regalo por aceptar un trato a sabiendas de que éste perjudicará a su empresa. Sin embargo, cuando se pregunta si aceptaría el soborno sabiendo que el acuerdo no resultaría dañino para su firma, el porcentaje de los que se negarían ya cae al 91,8% pero, sobre todo, lo que desciende aún más, hasta el 65%, son los que aseguran que rechazarían el ofrecimiento y, además, desaprueban este tipo de conducta, es decir, que otros lo hagan. Un dato que muestra que sigue existiendo un nivel de tolerancia bastante significativo hacia este tipo de corruptelas, según Villoria.
Del mismo modo, cuando se les pregunta con qué frecuencia clientes, intermediarios o proveedores «muestran su disponibilidad a ofrecer "algo" a cambio de un trato preferencial», tan sólo un 36,1% aseguran que este tipo de ofertas no se producen nunca. Un 46,1% admite que ocurre en alguna ocasión y un 17,6% -prácticamente uno de cada cinco consultados- asegura que sucede «a menudo» o «muy a menudo».
Pactos de precios
Pero los sobornos o regalos a los directivos a cambio de conseguir negocio no es la única práctica cuestionable que se da entre particulares y que supone un caso claro de corrupción privada. Un 18,7% de los encuestados también admite que en su sector se producen con frecuencia pactos para evitar la competencia entre empresas, algo expresamente prohibido por la ley. Además, hasta un 31% considera que a menudo los intermediarios no suelen ofrecer a sus clientes la mejor oferta económica, sino aquella que les proporciona mayores márgenes, otra actuación muy poco ética.
El estudio también pone de relieve que la corrupción privada es más frecuente en los sectores de la construcción y en el de la hostelería y la restauración y que, lógicamente, son los responsables de compras los más propensos a poner la mano.
En cuanto a los efectos de esta lacra, sorprende que un 43,3% de los empresarios considere que su facturación sería la misma si no existiera corrupción frente a sólo un 11,1% que cree se incrementaría significativamente. Quizá por eso, la corrupción no está entre las principales preocupaciones de los responsables de las firmas españolas, por lo que sólo un 14,3% de ellas se preocupa por dar formación a sus empleados para evitar estas situaciones.
