Los exdirectivos de la CAM ya están a solo un paso de sentarse en el banquillo por las supuestas irregularidades cometidas en las inversiones hoteleras que la entidad realizó en el Caribe, a través de la sociedad Valfensal, junto a los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó. Casi seis años después de iniciarse las investigaciones, a raíz de la denuncia que interpusieron los administradores del FROB, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela puso ayer punto y final a la instrucción del caso y ordenó su paso a procedimiento abreviado o, lo que es lo mismo, el procesamiento de 13 de los 24 investigados en la causa.
Entre ellos están el exdirector general de la caja Roberto López Abad; el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la entidad, Daniel Gil,y los ejecutivos de la entidad César Véliz y Vicente Sánchez. También los citados empresarios Juan Ferri y José Baldó, junto al director financiero de su compañía -el grupo hotelero Mar Confort-, Francisco Climent.
Igualmente, el auto también propone juzgar a seis miembros de la comisión de control de la CAM, que también formaban parte de la denominada comisión de control de TIP -la filial con que la entidad realizaba sus inversiones inmobiliarias- y que, de acuerdo con el criterio expuesto por el Fondo de Garantía de Depósitos y que parece haber seguido la juez, tenían conocimientos suficientes para analizar las operaciones que supervisaban. Son el expresidente de este organismo Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, Asunción Martínez, Dolores Mataix, Francisco Grau y Jose Manuel Uncio, que también llegó a ser director del Instituto Valenciano de Finanzas con el PP.
Pérdidas
La juez atribuye a todos ellos un posible delito de apropiación indebida y/o administración desleal por el impacto que las operaciones de Valfensal ocasionaron a las cuentas de la CAM. Un perjuicio que se sustancia en los 28 millones de euros que el Fondo de Garantía tuvo que inyectar a la entidad como consecuencia de las supuestas irregularidades detectadas y del riesgo asumido en estas inversiones, dentro del rescate global de 5.249 millones que facilitó a la caja tras su intervención y de los 1.011 millones que, en su conjunto, perdió la filial inmobiliaria de la CAM en 2012.
Pero, además, la juez también ve indicios para procesar a Ferri, Baldó y Climent por seis delitos contra la Hacienda Pública al considerar que la sociedad domiciliada en Curaçao que usaron para gestionar las reservas de los hoteles del grupo era sólo una pantalla para eludir el pago de impuestos en España. La Agencia Tributaria cifra en 11,6 millones la cantidad defraudada. Tras el auto de ayer, ahora las partes tienen un plazo de diez días para presentar su escrito de acusación y de solicitud de apertura de juicio oral, o bien para solicitar el sobreseimiento.
Tres hoteles y dos parcelas
Fue en el año 2004 cuando la CAM se unió al Grupo Mar Confort en la sociedad Valfensal, con la que pretendía crear una cadena hotelera en el Caribe. En los siguientes cinco años adquirieron y reformaron dos hoteles en la Riviera Maya mexicana, además de dos parcelas para construir otros tantos establecimientos en Playa del Carmen (México) y República Dominicana. La caja también facilitó la entrada del grupo en la gestión del Eco Resort San Blas que tenía en Tenerife. Casi todas las operaciones tenían en común la falta de información suficiente sobre la viabilidad de los proyectos o sobre la tasación de los bienes y el hecho de que no se respetaran las vías normales establecidas para su aprobación, según el auto.
Sin embargo, Valfensal nunca llegó a impagar los créditos, por lo que la juez Lamela decidió archivar la parte de la causa relativa al delito de apropiación indebida al considerar que no se había producido perjuicio, ya que no se llegaron a materializar las posibles pérdidas. Sin embargo, el Fondo de Garantía recurrió la decisión y recordó que, aunque los créditos no se impagaron, el organismo sí tuvo que contabilizar el riesgo para calcular el rescate de la caja -los citados 28 millones de euros-, un dinero que no ha recuperado. La Sala de la Audiencia le dio la razón y obligó a reabrir el caso.
Ahora la juez Lamela ha decidido procesar a 13 de los 24 investigados mientras que ordena el sobreseimiento para otros once. Se trata de siete de los miembros de la comisión de control -entre los que está el expresidente de la Cámara José Enrique Garrigós- y tres empleados del Grupo Mar Confort. Esta sería la cuarta causa relacionada con la CAM que llega a juicio. En la pieza principal, por el falseamiento de cuentas, ya fueron condenados Roberto López, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez.
