Aunque el coste final del rescate de la CAM no se sabrá hasta que el Sabadell logre liquidar todos los activos tóxicos vinculados al ladrillo que la extinta caja escondía en su balance, de momento lo que sí se conoce es lo que el Fondo de Garantía de Depósitos ya lleva gastado hasta la fecha en la operación. Y no es poco. Según los estados financieros oficiales que el organismo acaba de hacer públicos, la factura hasta este momento asciende ya a 8.499 millones de euros, lo que incluye los 5.249 millones que la entidad recibió para su recapitalización tras su intervención, y las facturas que el banco catalán ha girado en los últimos años con cargo al Esquema de Protección de Activos (EPA), la especie de seguro que se le concedió para ayudarle a digerir las pérdidas provocadas por las ruinosas inversiones inmobiliarias que realizaron los anteriores gestores de la caja.
En este sentido, el Fondo abonó el pasado mes de julio la tercera de estas facturas, por valor de 1.429 millones, por los números rojos que supuso la gestión de estos activos durante el ejercicio de 2017. Es decir, por la venta con pérdidas de los mismos, ya que las condiciones del mercado no permiten recuperar el valor por el que se tasaron en su día, o por el impago de los créditos que también recibió el banco. Se trata del mayor importe hasta la fecha puesto que el recibo de 2015 ascendió a 825 millones y el de 2016 a 983 millones, según las mismas fuentes. De esta forma, el EPA ha supuesto ya un desembolso de 3.239 millones para este organismo, que se financia con las aportaciones obligatorias de todas las entidades españolas.
Aunque pueda parecer una cantidad elevada, lo cierto es que apenas supone la mitad de lo que el Fondo de Garantía prevé que acabará pagando por el EPA, que cifra en 6.693 millones en total, según las tasaciones que anualmente encarga a expertos independientes. Al respecto, cabe recordar que el Sabadell aún debe desprenderse de unos 11.260 millones de euros de los 24.644 que abarcaba la cartera inicial protegida por el EPA, que obliga al Fondo a sufragar el 80% de las pérdidas, una vez consumidos los 3.880 millones de provisiones que tenía guardados la CAM.
Sin agotar plazos
La entidad tiene hasta julio de 2021 para deshacerse de todo este ladrillo pero sus responsables ya han dejado claro que no quieren agotar este plazo. De hecho, su intención es colocarlo todo este año mediante su venta en grandes paquetes y ya ha sacado tres carteras a la venta con, aproximadamente, la mitad de los activos que le quedan por vender.
Esta decisión, impulsada en parte por las presiones del BCE para finiquitar cuanto antes los EPA, genera ahora un nuevo problema ya que obligaría al Fondo de Garantía a hacer frente de golpe a un pago de más de 3.400 millones de euros. Además, aunque las aportaciones las realicen las entidades privadas, los pagos del Fondo cuentan como déficit público ya que el Gobierno participa -de hecho, controla- la gestión de este organismo. Para vencer las reticencias, el Sabadell estaría negociando el cobro fraccionado de las cantidades a que tiene derecho aunque venda todo el ladrillo tóxico de la CAM este mismo año, con tal de cerrar este capítulo.
Además del EPA de la caja alicantina, el Fondo de Garantía también se ha hecho cargo de los rescates de Unimm y del Caja Castilla- La Mancha.
