Poner fin a una instrucción que comenzó en 2012 e indicar el camino al banquillo a trece personas. Es el planteamiento que ha hecho llegar a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), personado como perjudicado y acusador particular en la causa que investiga los negocios que la CAM montó en el Caribe a través de Valfensal, una mercantil de la que la caja tenía el 30% y los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó el 70% restante.
La petición del FGD se produce después de que el tribunal de la sección Tercera de la Audiencia Nacional haya enmendado la plana a Lamela levantando el archivo que había dictado sobre una parte de la investigación, la relativa a la apropiación indebida, que era la que mantenía como investigados a los exdirectivos de la CAM. La sala ordenó que se determine en un juicio si, tal y como sostiene el Fondo, la Fundación CAM y un empresario de Benidorm, los investigados se apropiaron de dinero en perjuicio de la caja, que nunca recibió beneficios de estos negocios. Se indaga además si se cometió delito fiscal, cargo por el que continuaba abierto el procedimiento para los hoteleros .
El abogado Carlos Gómez-Jara, que representa al organismo que inyectó 5.249 millones a la CAM para que pudiera ser vendida al Sabadell, solicita a la juez que dicte auto de pase a procedimiento abreviado (lo que vendría a ser el procesamiento) por los delitos de administración desleal y/o apropiación indebida contra el exdirector general de la caja Roberto López Abad, contra su exresponsable en inversiones inmobiliarias Daniel Gil y contra sus exsocios en Valfensal Ferri y Baldó.
A estos cuatro investigados se suman Vicente Sánchez, exdirector general de TIP (la participada con la que la CAM entró en Valfensal), César Véliz, exdirector del Área Inmobiliaria y Hotelera de la caja, José Francisco Climent, director financiero del Valfensal y seis miembros de la comisión de control de la caja: su presidente Juan Ramón Avilés además de Remedio Ramón, Asunción Martínez, Dolores Mataix, Francisco Grau y José Manuel Uncio. Consejeros que, según el FGD, tenían conocimientos y capacidad para analizar las operaciones a las que dieron el visto bueno.
Frente al criterio de la magistrada, para quien los negocios investigados no provocaron quebranto alguno puesto que los créditos que se pidieron se siguieron pagando, el tribunal de la sección Tercera de la Audiencia entiende no sólo que sí hubo un daño sino que lo cuantifica. «La realidad es que el perjuicio de 28 millones de euros se produce tanto para la CAM, que fue intervenida y después vendida por la suma de un euro, como para el FGD, que tuvo que inyectar dicha suma para hacer frente a las operaciones de Valfensal, no como consecuencia del impago efectivo de los créditos sino como consecuencia de la previsión de resultados negativos que llevó a la dotación de la provisión correspondiente y que finalmente no llegaron a producirse».
