Fue una de las decisiones más traumáticas de la historia de CaixaBank y, por consiguiente, se convirtió en la cuestión en boca de (casi) todo el mundo en la primera junta de accionistas que la entidad catalana celebraba en su nueva sede social: València. El presidente del banco, Jordi Gual, reiteró de inicio el argumento ya conocido de por qué el 6 de octubre de 2017 el consejo tomó aquella decisión en un contexto de fuga de depósitos tras el remedo de referéndum independentista del día 1 en Cataluña: había que salvaguardar los intereses de accionistas, clientes y empleados y ubicar a la entidad en un lugar inequívocamente situado bajo el paraguas del BCE. Fue, dijo ayer, «la mejor decisión posible, como se ha demostrado».

Sin embargo, el asunto no quedó ahí, porque una mayoría de la decena de intervinientes en la junta se refirió a este asunto. Hubo de todo. Desde quien apoyó que las entidades financieras catalanas -el Sabadell se fue a Alicante- trasladaran su sede pero criticó que lo hiciera otro tipo de mercantiles de aquella autonomía, a quien criticó que la decisión la tomara el consejo sin consultar con la junta gracias a un decreto gubernamental. Uno preguntó si la sede volverá a Barcelona y, en caso afirmativo, cuándo. Otro interpeló al presidente para que aclarara por qué no se había trasladado a Baleares, una de las zonas de origen de la entidad.

Tercera ciudad

Gual respondió al respecto que «las sedes sociales no tienen plazo de vigencia» y, en consecuencia, que «no tiene sentido especular sobre acontecimientos futuros». Es decir, que no está en la agenda el regreso a Barcelona. Al accionista balear le recordó que la sede de la Fundación Bancaria La Caixa ha pasado de la capital catalana a Palma de Mallorca. Gual aprovechó la respuesta para dejar entrever algunos motivos de la elección de València: Es la «tercera ciudad» de España y es «una gran capital». Asimismo, añadió que CaixaBank está «muy bien» en València y que el compromiso de la entidad con la ciudad «es absoluto. Somos un banco arraigado allá donde estamos y ahora estamos aquí absolutamente comprometidos».

A pesar de estas quejas en realidad minoritarias, lo cierto es que la junta de accionistas aprobó con un 99,9 % de los votos a favor la decisión del traslado de sede. Los dueños de CaixaBank también apoyaron de forma mayoritaria el resto de cuestiones sometidas a la junta, entre ellas, las cuentas de 2017, la gestión del consejo, la modificación de las remuneraciones de los consejeros, la entrega de acciones como retribución variable, el nivel máximo de retribución variable para los empleados y la distribución el 13 de abril de un dividendo complementario de 0,08 euros brutos por acción, con cargo a los resultados de 2017. De esta forma, los copropietarios percibirán 0,15 euros por título, un 15,38% más que en 2016.

Por otro lado, durante su intervención, el presidente de CaixaBank destacó que el cumplimiento del plan estratégico 2015-2018 avanza a buen ritmo, aunque añadió que es necesario que el banco siga esforzándose para alcanzar tres objetivos clave, como son adaptarse a las nuevas tendencias de digitalización, situar la rentabilidad entre el 9 % y el 11 % y diversificar el balance hacia los segmentos más rentables, como el crédito al consumo y a las empresas. También avanzó que la entidad presentará su nuevo plan estratégico para el período 2019-2021 a finales de noviembre y remarcó que «lo que no cambiará» es el compromiso con un modelo de banca socialmente responsable así como el objetivo de ser un referente europeo en rentabilidad.