Alertada por los elevados costes energéticos que están impactando sobre el negocio de sectores industriales tan relevantes como la cerámica, el cemento e incluso algunas áreas turísticas, la Conselleria de Economía se ha puesto manos a la obra para tratar de revertir la situación. La secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín, ha reclamado a la empresa distribuidora Iberdrola que estudie elevar la potencia de sus redes en la Comunidad para que algunos sectores industriales, concentrados geográficamente, puedan acogerse a tarifas más económicas.
Así lo explicó la número dos de Economía durante un reciente encuentro informativo sobre los retos actuales de la industria.En estos momentos, la Comunidad cuenta con unas líneas de distribución de 20 kilovoltios (kv) de tensión, por debajo del que tienen otras autonomías, singularmente el País Vasco, con 30kv. La diferencia es importante, ya que en los grandes consumidores como la industria, cuanto menor es la tensión de la línea mayor es el coste de la energía.
Además de esto, existe un segundo «agravio». Los peajes son los precios regulados por el Estado por el uso de las redes eléctricas. Es la parte de la factura no sujeta al mercado. Y el Gobierno juega con los precios. De hecho, en la negociación entre PP y PNV para cerrar el apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos Generales de 2017, se incluía un cambio de tarifa energética con importantes rebajas para quien tuviera contratada una potencia elevada y dispusiera de líneas de más de entre 30 y 36 kv.
Dicho de otro modo, que las industrias de gran consumo en el País Vasco tendrían un elevado beneficio competitivo respecto a las de otros territorios, como la Comunidad, que al disponer de líneas de tensión de 20 kv se quedaría fuera de esos descuentos. La Conselleria, de hecho, ha calculado que la aprobación de esas nuevas tarifas tendrían un sobrecoste de 150 millones al año (es una estimación de trazo grueso) para las empresas autonómicas. En realidad, sería un doble agravio para los valencianos, que ya de por sí tienen tarifas más elevadas, señalan las mismas fuentes.
«De haberse ejecutado el pacto alcanzado (ahora mismo está congelado) habría dejado fuera a las 2.400 empresas en la Comunidad que sólo tienen disponible la tensión de 20 kv. Esta decisión es únicamente de carácter político, afecta a la competitividad de las empresas y atenta directamente contra la unidad de mercado, tan reclamada por parte de las fuerzas políticas en el Congreso», lamenta Marín, que habla de «discriminación» en función de la zona geográfica. «Algunos sectores industriales, concentrados geográficamente en polos de producción, podrían ser potenciales interesados en que la tensión de 30 kv estuviera disponible», apuntan desde la conselleria, que van a abrir una ronda de contactos con los clústeres más sensibles a los costes energéticos. «Es necesario conocer si es realmente interesante desde la visión del consumidor, y si estarían dispuestos a asumir inversiones en sus instalaciones», concluyen desde la Conselleria.
