Cuando Rafael Climent (Muro, 1960) se hizo cargo de la Conselleria de Economía Sostenible seguramente no se imaginaba los quebraderos de cabeza que le iban a dar los horarios comerciales o la situación de las patronales, especialmente la alicantina Coepa, ya desaparecida. Le ha costado pero, al menos el primero de estos problemas, ha logrado resolverlo con un acuerdo histórico. Ahora está empeñado en que la última parte de la legislatura sea la que recoja los primeros frutos de su apuesta por cambiar el modelo económico e impulsar la reindustrialización. Eso sí, sin quitar ojo al avance de la construcción, que según reconoce, empieza a preocuparle. También admite que la precariedad sigue siendo la gran asignatura pendiente del mercado laboral.
¿Es consciente de que muchos empresarios lo ven como el conseller que ha cerrado Coepa?
Pues pienso que sería un error y una nefasta interpretación por parte de los empresarios alicantinos el pensar eso. Demostraría muy poca capacidad de reflexión sobre su propia trayectoria y sobre el hecho de que ha habido un partido político que ha estado gobernando mucho tiempo este territorio y es en el que deberían recaer todas esas responsabilidades. Cualquier otra cosas es un error y, sobre todo, poner en el punto de mira a una persona que lo único que ha hecho ha sido cumplir la legalidad y estar a su lado en todo en lo que podía ayudarles.
¿Por qué decidieron continuar con el proceso administrativo para reclamar las subvenciones del centro de oficios -que forzó la liquidación de Coepa- a pesar de que el proceso penal se había archivado?
Hemos seguido estrictamente la legislación vigente. No hemos hecho nada diferente a lo que marcaba la ley y eso es lo que siempre he dicho y siempre me he reafirmado.
¿Pero por qué no esperaron a que la Justicia se pronunciara sobre el recurso contencioso que habían planteado antes de embargar? ¿No hubiera sido mejor esperar a ver qué decía el juez?
Había algo que estaba mal hecho y debía exigirse responsabilidad a los que lo hicieron mal. Si no se habían justificado correctamente las ayudas, lo lógico es que las devolvieran, que es lo que hacemos con cualquier ayuda o subvención que pide cualquier persona. Hay otras asociaciones que han estado en la misma tesitura. Es decir, pidieron una ayuda y no la justificaron como tocaba, y la Administración lo que hace es pedir que se devuelva ese dinero. Es un procedimiento administrativo al uso, no diferenciamos a nadie en ese procedimiento.
En cualquier caso, la desaparición de Coepa no acaba con la división del empresariado y 29 asociaciones de Alicante acaban de constituir una nueva patronal, Uepal, que competirá con la CEV que impulsa Salvador Navarro. Ya han anunciado que van a pedir que la Generalitat les reconozca como una de las organizaciones empresariales más representativas de la Comunidad, lo que les daría derecho a estar presentes en las instituciones. ¿Van a concederle ustedes ese reconocimiento?
A ver, antes de nada quiero poner en valor lo que está haciendo este Consell con el empresariado, poner en valor la no intervención en las decisiones que deben tomar ellos. Quizá el problema es la excesiva intervención que tuvo el Gobierno anterior. Sobre lo que comenta, lo que tienen que hacer en Uepal es pedir ese reconocimiento y habrá un informe por parte de la Dirección General de Trabajo al respecto.
Pero, ¿legalmente es posible que haya más de una patronal con ese reconocimiento, que es el que da derecho a nombrar representantes en instituciones públicas?
Si tiene unos requisitos y se cumplen, supongo que no habrá ningún problema. Pero deben cumplir con una serie de requisitos.
¿Van a intentar ustedes algún tipo de mediación entre Uepal y la CEV?
Vuelvo a repetir, no soy nada intervencionista pero, si en algún momento consideran que debo mediar, lo hago sin ningún problema. De hecho ya lo intenté.
¿Y no fue posible?
Lo dejo ahí. Sí, porque no me toca a mí decidir si tienen que llegar a un acuerdo o no. Si a mí las dos partes me piden si puedo ayudar, por mí no quedará. Ahora bien, no presionaré de ninguna forma para que lleguen a un acuerdo. Pienso que ya son mayores y deben tomar sus decisiones y debemos cambiar el «modus operandi» que había. Antes no se sabía si eran los empresarios o el PP quien tomaba las decisiones y eso es lo que no puede ser.
Las elecciones en la Cámara de Alicante también está dando algunos problemas. Ha habido tres sectores que han impugnado la relación de las empresas con más aportación económica, ¿en que punto se encuentra esta reclamación?
Aún se está analizando. Pero me gustaría poner en valor la participación del empresariado alicantino, porque si no tuvieran interés en la institución, estas cosas no pasarían.
El problema aquí es que hay doce asientos pero hay 14 empresas que han puesto dinero y hay cuatro que están empatadas por la parte de abajo y no está claro qué criterio se va a seguir para deshacer el empate.
Pues la Dirección General de Comercio lo estudiará y, probablemente, si está todo tan igualado nos fijaremos en las personas. Porque, a lo mejor, si una misma persona ha presentado tres peticiones, debe perder alguna. Pero eso está en estudio.
Bueno pero es que en este caso el que ha presentado tres (el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro) está por la parte alta de la lista y el empate está por abajo.
Todavía no he mirado quiénes son, desde la Dirección General de Comercio lo están estudiando.
Tras mucho pelear, finalmente logró usted un pacto sobre los horarios comerciales, ¿ha valido la pena el desgaste de abrir este melón para lo que se ha logrado? Lo digo porque al final se podrá abrir 38 festivos en Alicante y en todo el municipio.
No, no fue una cuestión de abrir un melón, era una cuestión de intentar cerrarlo. Usted sabe que desde 2013 venimos de un conflicto continuado en todo el sector y que, por culpa de eso, no se ha hablado absolutamente de nada más. Si ha habido subvenciones para el pequeño comercio o para los autónomos, nadie se ha enterado porque los horarios han centrado todo el debate. Cuando empezamos a gobernar ya dije que la única forma de arreglar el problema era el diálogo y el consenso y estoy muy contento porque lo que ha ocurrido ha sido histórico. En la vida había sido posible que el pequeño y el gran comercio se pusieran de acuerdo cuando sus intereses habían estado siempre en las antípodas. Y en este acuerdo también han estado los consumidores, las Cámaras, los sindicatos...
Bueno, los sindicatos se abstuvieron...
Sí, también los sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y, por tanto, era el acuerdo posible aunque alguien pueda distorsionarlo. ¿Por qué digo eso? Porque hay que recordar que había empresas que habían recurrido ante los juzgados y eso significaba que, probablemente, igual que pasó en Alicante, donde una sentencia nos obligó a permitir la apertura en toda la ciudad, probablemente, insisto, nos hubieran obligado a abrir los 63 domingos y festivos del año. Eso cuando se habla de Alicante no se dice y el acuerdo implica quitar todos los recursos y eso es importante tenerlo claro. Porque se dice que en Alicante se pasa de 23 domingos a 38 pero no es cierto. Los 23 domingos siempre dijimos que era una cuestión puntual, que estaba pendiente del acuerdo general del Observatorio.
Pero, más allá de que es el acuerdo posible, ¿es un buen resultado? ¿Contribuirá a crear empleo, por ejemplo?
Creo que lo que hemos logrado es que no se pierdan empleos y que los trabajadores y trabajadoras puedan trabajar menos festivos. Si estuviéramos hablando de un convenio colectivo, probablemente sería uno de los mejores convenios colectivos que se han hecho en el comercio desde hace muchísimos años. Porque de tener la obligación de trabajar 24 festivos pasas a trabajar 13 o 14. De cara a la conciliación familiar, yo diría que es un excelente acuerdo. Y, además, está pensado en un periodo en el que la eficiencia de la venta -es decir, cuando se compra y cuando se vende- puede ser la mayor. Por tanto, está todo pensado para que sea un excelente acuerdo. De todas formas, ensayo y error. Hay que ver cómo funciona y después tener la capacidad de evaluarlo.
Más allá de la situación de estas empresas, está claro que la precariedad y la expansión del empleo involuntario a tiempo parcial son los dos grandes problemas del mercado laboral. ¿Qué medidas han tomado o van a tomar para atajarlo? Lo digo porque es cierto que están haciendo muchos planes para reactivar el empleo -Avalem Joves, Avalem Experiència, etc- pero no deja de ser empleo temporal.
Lo más importante en este ámbito es cambiar la reforma laboral y eso no es una competencia nuestra. Lo que tenemos que hacer es trabajar desde el Parlamento y reivindicar ese cambio de modelo laboral. Ésa es la primera tarea que debemos hacer y ojalá tuviéramos posibilidades de cambiarla. Y, después, hay una cosa que es muy clara: el Servef no da trabajo, quien debe dar trabajo es el empresario. Y nosotros estamos trabajando para que haya una ocupación, con el tiempo, estable y de calidad. Y cuando digo que estamos trabajando me refiero a que estamos trabajando a medio y largo plazo en políticas de reindustrialización del territorio, inversión en innovación, estamos apostando mucho por la internacionalización y por la transformación del modelo energético. Y volcamos en estos cuatro puntos todo el dinero que podemos.
Pero eso es una jugada a largo plazo, ¿no hay medidas más concretas para fomentar el empleo estable ahora?
A ver, es que, al final, lo que se hace a través del Servef es paliativo. Entendemos que desde el Servef tenemos que formar a la gente y darle experiencia al que no la tiene para que pueda insertarse en el mercado laboral. Pero estamos en un mercado libre y en ese marco tenemos que actuar. A través de esa vertiente paliativa del Servef estamos ocupando cada año entre 7.000 y 8.000 personas, entre los Avalem Joves, los Avalem Joves + o los Avalen Experiència. Unos planes que dan posibilidades a esta gente para que se forme y coja experiencia. Esperemos que haciendo eso, y lo que le he dicho antes, vayamos logrando esa inserción laboral.
¿Se plantean ayudas directas para fomentar la contratación indefinida, como había en otras épocas?
Ya las hay.
Con un presupuesto muy reducido.
No, son cuatro millones de euros. El problema es que no nos las piden. Hemos gastado en 2017 sólo 300.000 ó 400.000 euros de esos cuatro millones y son ayudas que, para la gente con diversidad funcional y mujeres, llegan a los 9.000 euros al año y para el resto, 7.000 euros.
¿Y por qué no se piden? Tendrán que estudiarlo, ¿no?
Claro que sí, y estamos haciéndolo. Probablemente sea por la desafección que el empresariado tenía con el Servef. Por eso estamos intentando darle la vuelta al Servef como un calcetín. Vamos a cambiar totalmente las oficinas, vamos a hacer una orientación muy directa y muy personalizada. Incluso vamos a trabajar la ocupación como si fuera un médico de cabecera: cada persona que esté trabajando en el Servef tendrá un número de «pacientes» para hacer un seguimiento y mirar qué puede necesitar en función de la empresa a la que puede ir y demás.
¿No están tardado demasiado en poner en marcha lo que llaman el nuevo Servef? Llevamos más de dos años y medio de legislatura.
Soy una persona a la que le gusta trabajar con rigor y tener las luces largas, no me gustan las luces cortas. Nosotros no pensamos a cuatro años, nosotros queremos decirle a la ciudadanía que hay un proyecto a largo plazo. Y cuando se trabaja con rigor, con estudios encima de la mesa, planificando, es imposible en dos años y medio darle la vuelta como un calcetín a nada. Y con todos los pufos que teníamos encima de la mesa del anterior Gobierno, entonces dos años y medio aún son menos.
Una de las ideas en la que más insistieron cuando llegaron a la Generalitat fue la necesidad de cambiar el modelo económico, pero lo que sigue tirando es el turismo y la hostelería.
Bueno, se nota que usted está en Alicante porque no mira bien los datos, yo le voy a hablar del conjunto de la Comunidad Valenciana.
Es que yo le tengo que preguntar por Alicante...
Bueno, de Alicante también hablaremos. Pero mire, en Industria hemos crecido un 11,4% y hemos llegado a 337.000 personas ocupadas en toda la autonomía. De cada dos puestos de trabajo que se han generado en la industria en el territorio español, uno ha sido aquí, en la Comunidad. Creo que son cifras para enmarcar. Estamos ya cerca de que el 20% del PIB lo aporte la industria y vamos a seguir trabajando porque la apuesta por este sector es evidente. Y, después, está clarísimo que las cifras del turismo son importantísimas y estamos creciendo, igual que en el ámbito comercial y en la construcción. Todo ayuda a la economía, pero lo que sí quiero poner en valor son las cifras de la industria.
Es decir, que, bajo su punto de vista, sí se está produciendo ese cambio de modelo.
Nosotros siempre dijimos que el cambio de modelo también tiene que tener las luces largas. El modelo económico de un territorio no se cambia de hoy para mañana. Ya dije -y en el PP siempre que pueden, me lo echan en cara- que lo normal son entre 20 y 30 años. Y para eso hay una cuestión fundamental que es transformar el modelo educativo y también lo estamos trabajando. Porque queremos un modelo económico basado en el conocimiento, en una industria que gane en productividad, que sea inclusiva, y, si ganamos en productividad, seguramente ganaremos en dignidad de salarios en la ocupación.
¿Qué están haciendo ustedes para fomentar esa economía?
Como le he comentado, estamos sacando ayudas a la industrialización. Hay 17,5 millones para 10 sectores. Además, otros 23 millones sólo este año para la mejora de servicios en los polígonos industriales, para que tengan cosas tan básicas como la fibra óptica. Ya hicimos nueve comarcas en 2017 y ahora para 2018 y 2019, con carácter bianual, vamos a ir al resto del territorio. Si hablamos de ayudas a la innovación, en los diferentes programas hay más de 62 millones de euros. Hablamos de proyectos para industria 4.0, para digitalización...
¿Cómo van los esfuerzos para atraer inversiones del extranjero?
Pues en estos momentos podemos hablar de atracción de inversiones que superan los 1.000 millones de euros. [Se refiere al dato de inversión extranjera total en la Comunidad en los nueve primeros meses de 2017]. Hay muchas empresas que se están interesando en nuestro territorio. Este Consell está generando mucha confianza.
Y, en este contexto, ¿cómo ve el resurgir de la construcción?
Por un lado, lo veo bien, porque genera economía, pero también lo veo con preocupación, porque lo que no nos puede pasar de ninguna manera es lo que ya pasó. Me preocupa que se disparen los precios a máximos y que se genere otra burbuja. Y me preocupa, especialmente, el hecho de que los precios de los alquileres crezcan tanto. Cuando el alquiler se encarece provoca el efecto de que muchos piensen que pueden ganar dinero con eso y van al banco a pedir dinero para invertir y y volvemos a lo de antes. Tenemos que ir con mucho cuidado.
Pero, ¿realmente cree que puede haber una nueva burbuja?
Se están dando algunas condiciones, por lo menos por lo que veo. Cuando analizas que los precios del alquiler empiezan a subir, ocurre lo que le digo. Eso tendremos que intentar equilibrarlo de alguna forma, aunque es complicado.
En otro orden de cosas, primero se marchó María José Mira y el pasado mes de noviembre lo hizo Diego Maciá, ¿por qué ha sido más complicado el mestizaje en su consellería que en otros departamentos?
Yo creo que no ha sido complicado el mestizaje. Diego Maciá tomó una decisión personal y no hay que darle más vueltas. Y María José Mira fue una cuestión remodelación de gobierno.
A ver, con María José Mira llegó un punto en que ustedes ni se hablaban y Diego Maciá se quejaba de que no tenía atribuciones.
Pero eso es un acuerdo de Gobierno, yo no entro en las atribuciones. Cuando se llega a un pacto entre dos partidos y se refleja en un documento, uno tiene las atribuciones que recoge ese pacto. Y si se tienen que cambiar esas atribuciones, que se cambien en el pacto. Pero yo tengo que cumplir lo que se acordó.
