El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha dictado una resolución en la que recomienda a la Conselleria de Justicia que continúe adoptando "las medidas a su alcance" para dotar a los juzgados encargados de los casos de cláusulas suelo de "suficientes medios materiales y personales" con prontitud a fin de que puedan funcionar correctamente y atender al elevado volumen de asuntos que se someten a su conocimiento.

El defensor del pueblo valenciano también pide a la Conselleria que, tras una evaluación de las necesidades existentes, traslade al Consejo General del Poder Judicial, a través de las comisiones de coordinación, las posibles medidas de refuerzo para paliar las necesidades detectadas durante el tiempo que llevan funcionando estos juzgados. El Sindic abrió una investigación de oficio ante la preocupación social que estaba generando la precaria puesta en marcha de estos órganos judiciales y la elevada litigiosidad que se preveía en ellos.

Estos juzgados especializados se pusieron en marcha el 1 de junio de 2017 al entrar en vigor la medida acordada por el Consejo General del Poder Judicial para atribuir a 54 juzgados de Primera Instancia de España la especialización de los asuntos relativos a demandas y litigios sobre cláusulas bancarias abusivas. En el caso de la Comunidad Valenciana, el referido acuerdo concentraba en tres órganos judiciales (uno por provincia) todas las posibles demandas sobre cláusulas suelo. En Alicante se puso en marcha un único juzgado para toda la provincia y que cerró el año 2017 con cerca de 5,000 asuntos. Los magistrados de Alicante reclamaron al Poder Judicial que nombrara a dos jueces de refuerzo para asumir este volumen de trabajo, una petición que no ha sido contestada. De momento lo que se ha hecho es destinar uno de los juzgados de Primera Instancia de Alicante (el número cinco) a resolver de materias hipotecarias, pero no de manera exclusiva. El juzgado tiene una exención del 25% en el reparto de asuntos civiles, cuando en otras provincias se ha decidido que estén especializado específicamente en estas materias. El juzgado aún tiene además otros asuntos civiles por resolver desde antes de que se le encomendaran los pleitos bancarios. La junta de jueces ha reclamado que la especialización sea total, mientras que fuentes judiciales apuntaron a que en abril podría llegar un nuevo refuerzo procedente de la escuela judicial.

En su resolución, Cholbi indica que la situación investigada no deja de ser un ejemplo más de la carencia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia para hacer frente al volumen de asuntos que se someten a su conocimiento y, con ello, la saturación y los retrasos que padecen los juzgados de España y de la Comunidad, llegando a afectar al derecho fundamental de acceso a la justicia y pudiendo ocasionar indefensión a la ciudadanía. El Síndic señala en uin comunicado que es consciente de la complejidad de las competencias de la Administración autonómica en el ámbito de la Justicia, así como de la situación creada por la acumulación de asuntos en los juzgados, ya sea con carácter general o, como en el caso de las cláusulas suelo, de situaciones puntuales. Un problema estructural que excede del contenido de la investigación y de las competencias de la Generalitat Valenciana.

"No obstante, y a la espera de que se arbitren medidas más generales que incidan en la modernización del sistema de justicia y que resuelvan el problema estructural generado por la acumulación de asuntos y los retrasos de la justicia, el Síndic considera necesario que se garantice una tramitación ágil y adecuada de las demandas por las conocidas cláusulas suelo", señala en un comunicado.