La ratio entre trabajadores afiliados a la Seguridad Social por pensionista se situó el pasado año en Alicante en 2,21 cotizantes por perceptor de la prestación. Un nivel inferior a la proporción que arrojaba hace una década (2,76) y ligeramente por debajo de la media nacional de diciembre de 2017, que fue de 2,23, una de las más bajas que presenta España desde 1999. Este descenso vuelve a poner sobre el tapete el difícil equilibrio que está suponiendo desde el inicio de la crisis mantener el sistema de pensiones, cuando el número de afiliaciones a la Seguridad Social (las cotizaciones de los ocupados son el grueso del sustento de estas prestaciones) desciende o no crece a igual ritmo que lo hace el número de jubilados en una sociedad donde, además, cada vez se acentúa más el envejecimiento de la población.
Cierto es que en la provincia, el número de cotizantes ha crecido en relación al año 2008, ya que de los 607.263 trabajadores inscritos al sistema que había entonces, se ha pasado a los 626.241. Sin embargo, en relación a diciembre de hace diez años, al comienzo de la intensa recesión sufrida, la evolución arroja un balance negativo. A finales de 2007, la cifra de alicantinos que cotizaban a la Seguridad Social se elevaba a 666.167. Es decir, ahora hay 40.000 menos.
Por contra, las personas que perciben una pensión se ha incrementado notablemente. Si en 2007 había un total de 241.251 perceptores en la provincia, al cierre del pasado año eran 283.169, por lo que el crecimiento supera los 41.900, según datos facilitados por UGT. Con las evoluciones desacompasadas entre afiliaciones y retirados, el equilibrio del sistema cada vez se complica más. Incluso el repunte de altas que ha habido a la Seguridad Social en el último año -23.000, en el caso de Alicante- solo suaviza «coyunturalmente» la situación, según los sindicatos.
El lastre del empleo precario
Para las centrales sindicales, los problemas que en los últimos años sacuden al sistema tienen su origen en las dos reformas laborales que ha habido desde el comienzo de la crisis, «que han deteriorado y precarizado el empleo». Pero también critican la reforma de las pensiones de 2013, «que de forma unilateral aprobó el Gobierno del PP y que con las restricciones incluidas, provocó la pérdida de poder adquisitivo de los perceptores », según denuncia Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina.
También desde las filas de CC OO en estas comarcas, el responsable de Empleo, José María Ruiz Olmos, critica la política del Ejecutivo. Ruiz Olmos considera que «el sistema de pensiones no es insostenible. Otra cosa es que esté mal gestionado por el Gobierno o que tenga intenciones privatizadoras». Además, apunta que si en algún momento el sistema, «que históricamente ha tenido superávit, requiere una mayor contribución del Estado, se que haga». En la misma línea, Yaissel Sánchez planteaba una mayor aportación de Estado para mejorar la financiación del sistema. E incidía en que «cualquier caso, es necesario que cualquier reforma que se quiere realizar sobre las pensiones, se haga dentro del Pacto de Toledo».
CC OO y UGT inciden en que una de las causas de que se haya llegado a la situación actual son las reformas laborales, «que no sólo aumentaron los despidos, sino que deterioraron la calidad del empleo, ya que los nuevos puestos de trabajo que se crean son de corta duración: efímeros, volátiles. Y,además, los salarios son muy bajos, por lo que la precariedad no sólo se ha instalado en el mercado laboral, sino también en las cotizaciones a la Seguridad Social»,añadía Yaissel Sánchez. «El sistema es sostenible, el problema es que la precarización del empleo está generando trabajadores y pensionistas pobres», insiste Ruiz Olmos.
Nuevo préstamo
Ya en los últimos años, la denominada «hucha» de las pensiones se ha visto seriamente mermada por estos desequilibrios y el Gobierno ha tenido que hacer inyecciones al sistema. Y este año también lo hará. El Tesoro Público tiene previsto realizar otro préstamo de 15.000 millones a la Seguridad Social para sufragar las pensiones públicas, lo que supone 5.000 millones más que el crédito de 10.192 millones que ya aportó el ejercicio pasado al sistema, informa Europa Press.
Así lo confirmó ayer la secretaria general del Tesoro y Política Financiera, Emma Navarro, quien indicó que, aunque las necesidades de la Seguridad Social se reducirán este año, en 2017 se recurrió al Fondo de Reserva para financiar parte de las necesidades por importe de 7.000 millones, por lo que los recursos de la llamada «hucha» de las pensiones son inferiores.
Pensiones «garantizadas»
La estimación sobre el préstamo es «muy prudente» y el posible nuevo uso de la «hucha» es algo que se acabará de concretar con la ley de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio. En estos momentos, el Fondo de Reserva cuenta con 8.095 millones tras las últimas disposiciones realizadas por el Gobierno, frente a los 66.815 millones con los que llegó a contar en el año 2011.
En cualquier caso, Navarro reiteró que las pensiones están «garantizadas» por la totalidad de los recursos públicos y que el Tesoro también garantiza las pensiones a través de este préstamo, que «no tiene impacto ni en el déficit ni en la ratio de deuda pública».
