La juez de la Audiencia Nacional Carmel Lamela ha ordenado el archivo de la causa que se seguía contra varios exdirectivos de la CAM -entre ellos el exdirector general Roberto López Abad- por los negocios que la entidad realizó a través de la sociedad Valfensal en el Caribe. De esta forma, la magistrada se suma a las tesis de la Fiscalía y señala que no pudo haber administración desleal ni apropiación indebida en las cinco operaciones investigadas, ya que no ocasionaron perjuicio económico a la entidad, puesto que los créditos concedidos han seguido pagándose y el Sabadell vendió la participación que heredó de la CAM con plusvalías.

Eso sí, Lamela ordena que se siga el proceso contra los socios de la entidad, los hoteleros Juan Ferri y José Baldó, del Grupo Marconfort, por un posible delito fiscal al haber desviado, supuestamente, la facturación de los establecimientos que compraron junto a la CAM a una sociedad en Curaçao cuando, según las investigaciones preliminares, en realidad la gestión se realizaba desde España. Junto a Ferri y Baldó también se pide que siga el proceso contra otras cinco personas, la mayoría empleados del grupo hotelero.

Tanto López Abad, como el responsable de inversiones Inmobiliarias de la caja, Daniel Gil, además de los citados Ferri y Baldó llegaron a ingresar en prisión provisional por esta causa, aunque posteriormente salieron tras abonar las correspondientes fianzas. También estaban imputados los miembros de la comisión de control entre los que se encuentran nombres tan conocidos como los del expresidente de la Cámara de Comercio José Enrique Garrigós o el exdirector general del Instituto Valenciano de Finanzas José Manuel Uncio, sobre los que también se ha archivado la causa.

Tras la petición de la Fiscalía de archivo de la causa, tanto el Fondo de Garantía de Depósitos como la Fundación CAM se habían opuesto al cierre de las investigaciones al entender que sí se había producido perjuicio para la extinta caja. En concreto, el Fondo recordó que tuvo que anotar pérdidas de 28 millones de euros tras la recalificación de los créditos concedidos a Valfensal como subestandar por el elevado riesgo de las operaciones.

Sin embargo, pese a recoger el testimonio del perito e inspector del Banco de España José María Ruiz, que aseguraba que las operaciones de la CAM en el Caribe eran "paradigmáticas en cuanto a malas prácticas bancarias" -se concedieron sin tasaciones, con carencias desorbitadas y sin las suficientes garantías- la juez señala que las posibles pérdidas nunca llegaron a materializarse. Así, apunta que los créditos han seguido pagándose -Valfensal ha desembolsado a la CAM y al Sabadell hasta 25 millones en intereses- y que el banco catalán logró vender la participación del 30% que heredó de la caja alicantina por 24,1 millones, siete más de los que costó.

De esta forma, señala el auto, no puede considerarse que haya administración desleal y tampoco se ha probado que haya apropiación indebida. El auto no es firme y contra él cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El caso Valfensal investigaba las operaciones que permitieron a esta sociedad -participada por Marconfort y la CAM- la adquisición de una parcela y dos hoteles en la Riviera Maya mexicana -el Gala y el Caracón, además de otros terrenos en Punta Cana y de un tercer establecimiento en Tenerife. Fueron los administradores designados por el FROB, tras la intervención de la CAM, los que destaparon las supuestas irregularidades que, sin embargo, ahora la juez no considera delictivas.

Eso sí, la investigación continuará contra los gestores de Valfensal -Juan Ferri y José Baldó, entre otros- por supuesto delito fiscal ya que la facturación de la compañía se llevaba desde una sociedad en Curaçao que, supuestamente, era sólo una pantalla para evitar el pago de impuestos cuando el trabajo efectivo se realizaba desde España, según las primeras investigaciones.