En un periodo en que la economía y el empleo van confirmando poco a poco su recuperación, el mercado laboral de la provincia aún evidencia debilidades, especialmente en la evolución del paro. Aunque el desempleo ha bajado, ya que los 157.902 desocupados que registraba Alicante en octubre pasado representan 12.579 menos que un año antes, todavía hay 84.307 -es decir, el 53,39% del total- que tienen que salir adelante sin ingresos y sin percibir prestación alguna. Pero además, entre los 73.595 que sí cobran ayudas, seis de cada diez (45.448) reciben las asistenciales: el subsidio, la Renta Activa de Inserción (RAI) o el Programa de Activación del Empleo (PAI), según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Unos apoyos económicos que vienen a rondar entre los 420 y los 500 euros al mes, sin contar los importes adicionales para los que tienen cargas familiares, según datos de los sindicatos.
«Las cifras que arroja el balance sobre prestaciones del paro, pese a que ha mejorado la situación, siguen siendo escandalosas», denuncia José María Ruiz Olmos, responsable de Empleo de CC OO en l’Alacantí-Les Marines. Para el representante sindical, las cuantías que perciben los beneficiarios de las ayudas de subsistencia «se encuentran, en muchos casos, en el umbral de la pobreza». «Y esta es una realidad que tenemos en Alicante y que hay que revertir», alerta Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l’Alacantí-La Marina.
En este sentido, los sindicatos reclaman al Gobierno «que mejore las prestaciones para que haya realmente un crecimiento integrador, que llegue a todos, y que sea sostenible», añade Sánchez, quien incide, además, en que estas ayudas van dirigidas a los parados sin ingresos que bien han agotado la prestación por desempleo o no alcanzan el mínimo de cotización para tener acceso a ella. «Con los subsidios se intenta paliar, en parte, el contexto de pobreza al que se ven abocados. Pero son muy bajos», denuncia Sánchez.
«Peregrinaje» por los subsidios
La situación para estos colectivos se ha ido agravando conforme se alargaba la crisis y la falta de oportunidades laborales les impedía salir de la lista del paro, lo que provocaba que agotaran la prestación contributiva y comenzaran a «peregrinar» por las categorías asistenciales. De hecho, en estos momentos, los desempleados con ayudas mínimas casi duplican a los que perciben la contributiva, vinculada a los periodos de cotización. Ahora, los beneficiarios del subsidio, de la Renta Activa de Inserción (RAI) y del Programa de Activación de Empleo (PAI) -más conocido como la ayuda de los 426 euros y cuya vigencia es sólo de seis meses- suman un total de 45.448, mientras que los que reciben la contributiva sólo son 28.147. Y el importe medio de esta última prestación por beneficiario alcanzaba a finales de octubre los 763,5 euros al mes. Una cifra ligeramente por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -que es de 707,60 euros al mes- pero por debajo de la media en España, que se sitúa en los 808,2 euros/mes.
Cierto es que la mejoría en el empleo del último año ha permitido que el número de alicantinos que han agotado las prestaciones y cobran ayudas asistenciales se ha reducido. Eso ocurre en el caso de los que reciben el subsidio y la RAI. Sin embargo, se ha duplicado el de los beneficiarios del programa PAI, que han pasado de los 1.271 de hace un año a los 2.653 actuales.
Un aumento que indica que el paro de larga duración registra cierta «cronificación», y todavía sigue afectando a muchos hogares de la provincia. Este es el colectivo que más ha aumentado, junto al mínimo repunte experimentado entre los beneficiarios de la prestación contributiva, cuyo número ha subido de los 28.114 de octubre de 2016 a los 28.147 del mismo mes de este año.
Mejorar empleo y subir salarios
Los sindicatos consideran que la evolución que reflejan los datos de las prestaciones «demuestran un fracaso de las políticas del Gobierno» porque ha aumentado «la desigualdad y la pobreza», añade Ruiz Olmos. Al igual que CC OO, UGT relaciona esta situación «con el empleo temporal y precario que caracteriza a esta provincia, muy ligada, además, a una fuerte actividad estacional que marcan los servicios, sobre todo los sectores relacionados con el turismo», incidía Yaissel Sánchez. Para la dirigente sindical, en la actual época de recuperación «es ya una responsabilidad de las empresas que mejore el empleo, que este sea digno y que suban los salarios, porque eso significará que, si un trabajador pierde el empleo, tendrá mejores las prestaciones, según lo que haya cotizado, y no se verá abocado a la pobreza».
Pero, igualmente, considera que es responsabilidad del Gobierno «dar la vuelta a la situación actual e impulsar medidas que que propicien el cambio de modelo productivo y mejore las prestaciones. En esta provincia, ya tenemos situaciones de familias abocadas a la pobreza. Lo peor que puede haber es acostumbrarse a la miseria en un país miembro de la Unión Europea, donde, además, como se dijo en el Día de la Constitución en el Congreso, fomenta los valores de la igualdad», denuncia Sánchez.
