«El verde de la cebolla y el ajo no lo tiramos, lo aprovechamos para hacer sopa»; «el seguro del hogar y del coche lo he renegociado»; «pago un alquiler social de 100 euros». Estos son algunos de los «malabarismos» que una parte importante de los pensionistas alicantinos tiene que hacer para poder salir adelante, según expusieron ayer varios de los que ayer participaron en una concentración en Alicante para exigir la mejora de las prestaciones y el mantenimiento del sistema público. La concentración estaba convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y la Asociación de Exemigrantes Jubilados.
A la concentración asistieron más de medio centenar de personas, que estuvieron apoyadas por los sindicatos UGT y CC OO, así como por dirigentes de partidos políticos como Guanyar o Esquerra Unida. Posteriormente, representantes de la Coordinadora se reunieron con el Síndic de Greuges de la Comunidad, José Chulbi, al que expusieron la «precaria» situación que sufre el colectivo debido a las bajas pensiones que perciben. Además, le entregaron un documento con sus reivindicaciones y le pidieron que ejerciera de «mediador» y trasladara al Gobierno central los problemas a los que se tienen que enfrentar cada día los jubilados como consecuencia de las bajas cuantías de la pensiones. «Mientras tanto, los precios siguen al alza, lo que significa que estamos perdiendo poder adquisitivo. Una media de un punto y medio desde que en 2013 se aprobó la Reforma de las Pensiones», según denunciaban Miguel Martínez, portavoz en Alicante de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, y Roque Bernabé, asesor de la entidad. El colectivo reclama que se mejoren las cuantías para no abocar a los pensionistas a «la pobreza y a la exclusión social».
Fundamentalmente, los pensionistas demandan «prestaciones dignas» y que se elimine el índice de revalorización que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo con la Reforma de las Pensiones, y que supone que la actualización de las mismas es desde entonces del 0,25%, en vez de revisarse conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).
«La pérdida de poder adquisitivo es evidente, si se tiene en cuenta que la cuantía de la pensión sólo se actualiza un 0,25% y, por ejemplo, este año los precios ya están en el 2%. Si no cambia la situación, en cinco años habremos acumulado una pérdida del 10%», advertía Roque Bernabé. Miguel Martínez insistió, por su parte, en que «con los bajos sueldos y empleos precarios que hay ahora, las prestaciones serán cada vez más bajas. Y si el Gobierno argumenta que el sistema actual es insostenible, que incluyan las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado para poder asegurar el sistema», añadía el representante del colectivo, que también preside la Asociación Nacional de Exemigrados Jubilados. Una entidad que cuenta con 2.415 socios en España, de los que el 15% reside en la provincia.
«500 euros y unas monedas»
Míriam es una de las que ayer participó en la concentración. Tiene 60 años y cobra una pensión de viudedad. «Mi marido aportó mucho a este país, pero la prestación que me ha quedado es de 480 euros al mes, aunque ahora la han subido un poco hasta los 500 euros y unas monedas». Míriam, que se desplazó desde Torrevieja, aseguraba que con esas cuantías «hago malabares, como todos, porque tienes que pagar el alquiler, comer y los gastos básicos. No da para más. Y me tienen que ayudar mis hijos». Asegura que busca empleo «pero cuando ven la edad, se echan para atrás».
El colectivo de los exemigrados
Cercano a ella se encontraba Guillermo González, de Orihuela. «He sido camionero. Trabajé en Bélgica y he cotizado durante 42 años. Pero me he tenido que quitar de cosas para salir adelante, porque el Gobierno nos recorta la pensión española». Guillermo es uno de los exemigrantes jubilados de la provincia. Un colectivo formado por personas que han trabajado y han cotizado tanto en España como en un país extranjero y que en la actualidad están cobrando su pensión de ambos países, pagos por los que «el Gobierno del PP nos obliga a declarar el IRPF si llegamos entre las dos pensiones a los 12.000 euros, contabilizando la pensión como si fueran dos pagadores, cuando cualquier español no tiene que hacer esa declaración sino alcanza los 22.000 euros», viene advirtiendo Martínez en las charlas que da sobre la situación de estos jubilados. Ahora está contactando con representantes políticos nacionales para que se elimine esta restricción.
Francisco Menéndez, de 75 años, no se encuentra dentro de este colectivo, pero percibe una prestación mínima, no contributiva. «Unos 340 euros al mes, por no tener los últimos seis años cotizados, pese a que lo hice durante 37 años». Un «error de la Administración, porque yo estuve en el paro y en ese periodo se cotiza. Y ahora lo he reclamado», asegura. Con esa cuantía «ando con apreturas. La luz y el agua me los paga el Ayuntamiento y de piso tengo un alquiler social de 100 euros».
El número de pensionistas en la provincia es de 312.090 y la media de la prestación se sitúa en 801,1 euros al mes, cuantía inferior a la media de la Comunidad (851,58 euros/mes) y de la estatal (924,26 euros/mes). El promedio de la pension de jubilación en la provincia se sitúa en 910,45 euros/mes, con datos de octubre. Y el de la de viudedad es de 596,87 euros al mes. No llega ni al Salario Mínimo, que es de 707,60 euros mensuales.
