Después de 39 años de historia, Coepa podría tener sus días contados. La patronal alicantina vuelve a situarse al borde de la liquidación después de que, según ha podido saber este diario, el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) haya rechazado el recurso que presentó contra la notificación de apremio por la que le reclama 2,3 millones de euros por las ayudas que recibió, supuestamente de forma irregular, para la construcción de su centro de oficios. Una negativa que supone reactivar el proceso de embargo contra la organización empresarial, que carece de los recursos necesarios para hacer frente a estos pagos y que, prácticamente, ya ha agotado todas las posibilidades para esquivarlos.
De hecho, ahora mismo la patronal alicantina sólo tendría dos alternativas para evitar su desaparición y ninguna de ellas parece muy realista. La primera sería interponer un nuevo recurso ante el propio IVAT. Como la resolución la ha realizado la delegación en Alicante de este organismo, cabría un nuevo recurso de alzada ante la dirección general del mismo en Valencia. El problema es que este nuevo procedimiento ya no paralizaría los trámites de embargo, lo que significa que Coepa debería avalar igualmente las cantidades reclamadas, algo que no está en disposición de hacer.
La segunda opción sería lograr que el juez que tramitó el concurso decretara que la deuda con el Servef forma parte del mismo y, por tanto, que debe acogerse a la quita del 95% que se aprobó para los acreedores ordinarios de la patronal, lo que tampoco está nada claro. Para empezar, porque aún en el caso improbable de que Coepa consiguiera que el juzgado le diera la razón e incluyera la deuda en el concurso, probablemente la quita sólo podría ser del 50% debido a los privilegios que ostenta la Administración en estos casos y la patronal tampoco tiene forma de pagar ese importe. Eso sí, desde la organización empresarial aseguran que no dejarán de intentarlo.
De hecho, el principal argumento que había presentado Coepa en su recurso contra la notificación de apremio era, precisamente, que la deuda ya venía recogida en el informe concursal como crédito contingente -cuando se reconoce una deuda pero aún no es firme- por lo que debía aplicarse la citada quita del 95% o, en su caso, del 50%. Sin embargo, el Servef, en el informe que le solicitó el IVAT para dilucidar la cuestión, alegó que el expediente de reintegro de las subvenciones se hizo firme después de que se aprobara el convenio de acreedores de Coepa, por lo que no considera que esté afectado por el mismo, tal y como avanzó este diario. Ahora el organismo recaudador del Consell le da la razón al Servef y ordena a la Agencia Tributaria -con la que mantiene un convenio para estas tareas- que continúe con el embargo.
Así, todo apunta a que Coepa no logrará superar este nuevo «match ball» y tendrá que solicitar su liquidación, a pesar de los notables esfuerzos realizados por Francisco Gómez y su equipo.
El origen de todo el conflicto está en las ayudas de 1,9 millones que en su día, entre los años 2005 y 2010, el Servef concedió a Coepa para la construcción de su centro de oficios. Tras el cambio de Gobierno, los nuevos responsables del organismo público consideraron que estas ayudas se habían otorgado indebidamente porque la patronal ya había recibido fondos públicos de otra institución con la misma finalidad, en referencia a la hipoteca que le había aprobado el Instituto Valenciano de Finanzas para sufragar las obras. Una duplicidad que, a su juicio, vulneraba la ley.
Además, el Servicio Valenciano de Empleo también señaló que se había incumplido otra de las condiciones para conceder las ayudas: que el edificio mantuviera durante un mínimo de 10 años la actividad de formación. El Servef incluso llegó a denunciar los hechos en los juzgados para exigir responsabilidades penales, pero el caso fue archivado al considerarse prescrito. A pesar de ello, el organismo público decidió seguir con la reclamación del dinero por la vía administrativa al estimar que debía defender los intereses de los contribuyentes.
A la espera de uso
Por su parte, Coepa, que siempre ha defendido que todo se realizó de acuerdo a la legalidad, interpuso un recurso de reposición en el que insistía en la compatibilidad de las ayudas del Servef y el préstamo del IVF y negaba cualquier irregularidad. De hecho, ha presentado en los tribunales un recurso contencioso-administrativo contra el expediente del Consell pero el problema es que su tramitación va demasiado lenta y aún pasarán años hasta que la Justicia se pronuncie. En cuanto al futuro del propio centro de oficios, el edificio permanece cerrado a la espera de que el IVF asuma su titularidad en pago por la hipoteca que tiene pendiente.
