¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los colegios profesionales? Esta pregunta fue el hilo conductor del desayuno informativo organizado esta semana por INFORMACIÓN y Caja Rural, en colaboración con la Unión de Colegios Profesionales de Alicante (UPA), en el que representantes de diferentes colegios oficiales de la provincia debatieron sobre los riegos a los que se enfrentan estas asociaciones profesionales y las oportunidades que tienen en la actualidad para reforzar su posición como garantes de seguridad y responsabilidad en la prestación de servicios profesionales.
Al respecto, el primero en tomar la palabra fue el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (ICALI), Fernando Candela, al destacar que estas instituciones juegan un papel fundamental entre los ciudadanos al representar una garantía para todos ellos. «Los colegios siempre hemos tenido una faceta incómoda para las administraciones públicas, ya que tanto nuestras opiniones como nuestras reivindicaciones tienen un efecto altavoz que no pasan desapercibidas para nuestros políticos que en ocasiones no ven con buenos ojos», enfatizó el representante de los abogados.
Por ello, lamentó la iniciativa tomada por el Gobierno con el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales de 2014, sobre el que opinó que «fue un intento de la Administración que venía, precisamente, a eliminar la labor de altavoz que hacemos los colegios profesionales». Este anteproyecto, que fue retirado por el Gobierno en abril de 2015, fue motivo de debate en este encuentro y al que la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas, María del Mar Rodríguez, añadió la Ley Ómnibus.
«Desde su aprobación ha sido una sombra que nos ha perseguido y de la que hemos podido sobrevivir», señaló sobre esta ley, al tiempo que consideró que el anteproyecto retirado por el Gobierno «aún plantea sospechas, incertidumbres porque, de momento, está metido en un cajón y no sabemos qué es lo que va a pasar». En este sentido, María del Mar Rodríguez consideró imprescindible que haya una «clarificación» sobre las normas que van a regular la actividad de los colegios profesionales y defendió el papel de estas instituciones «porque son un medio, y no un fin, para llevar a cabo y cumplir con los estándares de calidad necesarios y deontológicos para los profesionales y, sobre todo, para que de Colegios los consumidores tengan la garantía de que reciben lo mejor».
Con respecto a la regulación de los colegios profesionales, el presidente provincial del Colegio de Ingenieros Industriales de Alicante, Enrique Sáez, sí consideró que es necesaria una ley que «aclare nuestra relación con la Administración y con la ciudadanía», al tiempo que catalogó la situación actual que viven los colegios como de «descontrol absoluto». «Los colegios profesionales están recogidos en la Constitución Española y son de servicio público por lo que si no existieran habría que inventarlos», resaltó Enrique Sáez.
Además, mostró su preocupación por estas últimas iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno de regulación de servicios y de colegios porque «han propiciado una bajada de calidad en los servicios profesionales y aumentado el intrusismo laboral y los riegos que corren los ciudadanos al contar con profesionales que no tienen la capacitación necesaria». Por ello, el presidente provincial del Colegio de Ingenieros Industriales de Alicante quiso recalcar que entre las labores de un colegio está la de «acreditar la profesión, ya que no damos títulos porque esto es el encargo de las Universidades».
Acreditación profesional
En esta acreditación de profesionalidad, en opinión del reciente elegido presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, Juan María Boix, los colegios profesionales son imprescindibles, tanto para los colegiados como para los ciudadanos. «Uno de nuestros retos es el de abrirnos más a la sociedad y dar a conocer el valor que damos a la ciudadanía, alejando esa imagen peyorativa con la que tratan de relacionarnos desde otros ámbitos», incidió. Asimismo, Juan María Boix volvió a enfatizar en la necesidad de tener un marco legislativo que aporte seguridad jurídica, ya que en la actualidad la Ley Ómnibus «nos genera un paraguas de incertidumbre».
Sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales de 2014 también habló Francisco Martín, secretario de la Unión de Colegios Profesionales de Alicante (UPA), al señalar que tiene su parte negativa y su parte positiva. Con respecto a la primera, recalcó que quienes estaban detrás de la iniciativa fueron la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) «desde donde realizaron el planteamiento de que todos los profesionales eran buenos y que los colegios eran los malos, ya que encarecíamos los precios de los oficios». Esta forma de actuar «nos ha hecho un gran daño a los colegios, a los colegiados y a la ciudadanía, sembrando una imagen peyorativa de nuestro trabajo».
No obstante, Francisco Martín quiso hacer hincapié en los aspectos positivos de estos intentos regulatorios, destacando que ha sido la 'chispa' que ha propiciado que «los colegios nos demos cuenta de que debemos ofrecer una imagen distinta, teniéndonos que renovar y dejar de ser elefantes para comunicar a la sociedad las ventajas de los colegios y las garantías y las seguridades que ofrecemos».
Salida de la crisis
El impacto de la crisis económica en los colegios profesionales de la provincia de Alicante también estuvo presente en el desayuno de INFORMACIÓN. Todos los presentes coincidieron en señalar que el derrumbamiento económico incidió en el funcionamiento del día a día al afectar en, por ejemplo, el número de colegiados, el coste de las cuotas y la disminución de los profesionales que trabajaban en los mismos colegios. No obstante, María del Mar Rodríguez matizó que en el sector de los administradores de fincas la incidencia fue diferente.
«La crisis no hizo que las comunidades de propietarios dejaran de contar con nuestros servicios, pero sí que propició una guerra de precios a la baja entre los propios administradores, entrando en una situación de 'aquí vale todo'», detalló la vicepresidenta de este colegio. Además, lamentó que fruto de esta guerra de precios hubo comunidades que cambiaron por empresas cuyos propietarios no pertenecían al Colegio de Administradores de Fincas «lo que genera más incertidumbre en los propietarios cuando tienen un problema y, tras llamarnos, les decimos que esa persona no está colegiada».
Sobre cómo están los colegios en la actualidad, los intervinientes también coincidieron en señalar que el último año está siendo mejor que el anterior. Enrique Sáez destacó que la crisis ha obligado a los colegios a renovarse y a abrirse más a la sociedad, a las empresas y a la administraciones «firmando convenios de colaboración que antes era impensable que hiciéramos». Esta nueva forma de operar es, en palabras de Fernando Candela, imprescindible para salvaguardar el papel y la figura de los colegios profesionales de la sociedad actual. «Durante muchos años, los colegios hemos sido muy corporativos, haciendo mucho trabajo administrativo de puertas hacia adentro», recordó. «Ahora tenemos que seguir haciendo esto, que es muy importante, pero hemos entendido que hemos de estar en contacto con la sociedad y los usuarios, comunicar nuestro valor y difundir nuestros servicios», resaltó el decano del Colegio de Abogados de Alicante.
En esta labor de difusión y divulgación, la colaboración entre los propios colegios profesionales es esencial. En palabras de Juan María Boix, «debe existir más interacciones entre los propios colegios porque juntos tendremos una voz más fuerte ante las administraciones públicas, ante la sociedad y a la hora de reivindicar». Por ello, el presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Alicante tendió la mano a los representantes del resto de colegios «para hacer iniciativas conjuntas que nos ayudarán a explicar problemáticas desde puntos de vista diferentes, haciéndolas más fácil de entender a la ciudadanía».
Más y más leyes
La constante normativa existente y la renovación de las mismas fue tratado en específico por Juan María Boix, quien lamentó que en el sector de la construcción y la arquitectura existe una constante actualización de normativas y de leyes que se hacen sin tener en cuenta las anteriores. «Parece que cada nuevo legislador, cuando ocupa el cargo, tiene que hacer nuevas leyes sin pensar en las anteriores, por lo que hemos llegado a una situación en la que las leyes salen como si fueran hongos», expresó. En este sentido, lamentó que esta situación provoca inseguridad porque «no sabemos si nos la van cambiar de un año para otro, algo que genera poca seguridad en una sociedad moderna como la española». Además, prosiguió, el surgimiento de tantas nuevas leyes con tan poco tiempo «genera conflictos de interpretación, inseguridades jurídicas,..», por lo que conminó a las administraciones públicas a ser «responsables» sobre esta materia.
Al mismo tiempo, Juan María Boix quiso lanzar un mensaje positivo con respecto a la futura ley de Contratos Públicos que prevé estar vigente a partir de enero «por la que los apartados como la eficiencia del proyecto o la responsabilidad van a tener más incidencia en la aprobación que el presupuesto, algo que sin ninguna duda va a evitar diferencias entre las ofertas de hasta el 90%», destacó. Asimismo, destacó que la ley también contempla que los jurados encargados de aprobar estos proyectos públicos van a estar formados en dos tercios por profesionales y no por políticos.
Colegios y Universidad
La Universidad también estuvo presente en el desayuno organizado en las instalaciones del periódico. Sobre su papel, los intervinientes estuvieron de acuerdo en que otro de los retos que tienen que afrontar los colegios profesionales es el de acercarse más a los más jóvenes y explicarles la importancia que tienen y cómo pueden ayudarles en su futuro profesional.
Al respecto, la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas consideró imprescindible llegar a ellos «porque muchos estudiantes salen de la Universidad sin saber qué es un colegio profesional y los que lo saben sólo piensan que es algo por lo que tienen que pagar sin saber qué pueden recibir y de qué se pueden beneficiar». Además de los universitarios, Enrique Sáez también habló sobre la formación en España, señalando que en la actualidad existen 2.452 grados y 2.854 másteres, por lo que «podemos hablar de una burbuja de la titulación».
En este punto, Juan María Boix consideró apropiado que los colegios hablen de capacitaciones y no de titulaciones, aspectos muy diferentes, mientras que Francisco Martín, de UPA, consideró imprescindible una correcta información sobre todos estos grados para que el estudiante y futuro profesional sepa y tenga claro si en el futuro «van a poder tener atribuciones con el título que han decidido estudiar».
En este sentido, el secretario de UPA destacó como gran reto el de trabajar con las universidades del entorno para fijar qué estudios son profesionalizantes y cuáles no lo son para, en el futuro, «saber qué estudiantes pueden formar parte de un colegio y cuáles no en función de sus estudios y titulación».
El director de zona de Caja Rural Central, Jorge Morales, destacó el papel esencial de los colegios profesionales «en el desarrollo social y económico de la provincia de Alicante» y alentó a estar en contacto con su institución para poder firmar convenios más adaptados y personalizados a los intereses de sus profesionales, «huyendo de los documentos estándar que existen, convirtiéndonos en compañeros de viaje».
