27 de octubre de 2017
27.10.2017

La justicia anula 3 de los traslados de Coca-Cola a Valencia pero valida un cuarto

Los juzgados de lo Social discrepan sobre la legalidad de la reasignación de los trabajadores de la planta

26.10.2017 | 23:22
Un excavadora derriba una de las naves de Coca-Cola.

Tres años y medio después del cierre de la planta de Coca-Cola de Alicante, y cuando apenas queda nada en pie de las instalaciones, los trabajadores de la embotelladora continúan luchando contra la compañía. Eso sí, con desigual resultado. Por un lado, el juzgado de lo Social número 3 de Alicante acaba de dar la razón a tres de estos trabajadores, que pedían la nulidad de su traslado a Valencia, a la planta de Quart de Poblet, con el argumento de que aceptaron este desplazamiento sin tener toda la información necesaria para adoptar una decisión plenamente consciente ya que la empresa se la ocultó. Uno de los motivos -junto con la vulneración del derecho de huelga- que ya supuso la anulación por parte de la Audiencia Nacional de los despidos que también acarreó el proceso de reestructuración de la compañía en toda España, y que tuvieron que renegociarse.

Sin embargo, como reconocía a este diario el presidente del comité de empresa, José Vicente Salinas, de UGT, la victoria no ha sido completa ya que existe una cuarta sentencia, en este caso del juzgado de lo Social número 2, que considera que no hubo «vicio de consentimiento» y que, por tanto, el traslado fue legal y debe mantenerse. Ninguno de los fallos es firme, todavía.

Como se recordará, en 2014 la compañía surgida de la fusión de las siete embotelladoras regionales de Coca-Cola decició poner en marcha un plan de reordenación que supuso el cierre de cuatro plantas, entre ellas, la de Alicante, que contaba con algo más de un centenar de empleados. Tras más de un mes de huelga, la firma acabó imponiendo su voluntad gracias a las facilidades que otorga a las empresas la reforma laboral del PP. De esta forma, una quincena de trabajadores se acabó acogiendo a la prejubilación y otra cifra similar aceptó los despidos incentivados. El grueso de la plantilla, no obstante, tuvo que asumir su traslado, supuestamente voluntario, a Valencia.

Meses más tarde la Audiencia Nacional anuló el ERE -al entender que la empresa vulneró el derecho de huelga de los trabajadores y también que no les había facilitado la información necesaria para negociar en términos de igualdad- lo que obligó a renegociar los despidos. Sin embargo, no se pronunció sobre los desplazados al considerar que no formaban parte del expediente, lo que obligó a los trabajadores a presentar reclamaciones individuales para solicitar la nulidad de los mismos.

Desde entonces, casi la mitad de los desplazados, según Salinas, ya ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato y dejar la compañía, mientras que otra veintena es la que sigue luchando en los tribunales. En el caso de las sentencias favorables a los obreros, el juez considera que los mismos motivos que sirvieron para anular el ERE -o, al menos, dos de ellos- pueden aplicarse igualmente para considerar que los trabajadores no aceptaron su traslado libremente y, por tanto, obliga a la empresa a recolocarlos en Alicante. Aunque la compañía ha derribado la fábrica, por lo que podría argumentar que es imposible esta recolocación, todavía conserva un centro comercial en la ciudad donde podría darles empleo. Por el contrario, el otro juzgado señala que el trabajador no ha podido demostrar este vicio de consentimiento.

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