Como era previsible, será el Tribunal Supremo el que al final tendrá la última palabra en el proceso por el falseo de las cuentas de la CAM. Una causa que acaba de sentenciar un tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Nacional que ha condenado a penas que van de los 2,9 a los cuatro años de prisión a los exdirectivos Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez por un delito de falsedad contable que, en opinión de la sala, no ha provocado perjuicio alguno. Motivo por el que no contempla ninguna responsabilidad civil. A los penados únicamente se le obliga a abonar una multa que, en el peor de los casos, supera en poco los 18.000 euros.
Un fallo que no comparte el fiscal Luis Rodríguez Sol, quien ya ha anunciado su intención de interponer un recurso ante el Supremo por entender que, en contra de lo que mantiene el tribunal, sí está acreditado el perjuicio causado por la actuación de los condenados. Un daño que el representante del Ministerio Público circunscribe a quienes compraron cuotas participativas cuando las cuentas de la entidad estaban falseadas (se declararon beneficios cuando se arrastraban pérdidas), periodo que fija entre marzo y julio de 2011.
Sin cuestionar las absoluciones del expresidente Modesto Crespo ( a quien no acusaba) y de los exdirectores Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, el acusador público interpone el recurso por infracción de ley, es decir, porque los hechos considerados probados por el tribunal no se han calificado como debieran, según su criterio.
Para Rodríguez Sol, los exdirectivos condenados no sólo tenían capacidad para causar daño sino que se lo hicieron a todos aquellos que compraron cuotas cuando la imagen que se ofrecía de la caja de ahorros no se correspondía con la real.
Sobre el cobro de remuneraciones, que la sentencia valida «porque tenían las autorizaciones pertinentes», Rodríguez Sol no tiene previsto plantear objeción alguna pese a que en este punto el tribunal tampoco ha estimado sus tesis.
Vendrán más
El recurso del fiscal, que ahora se anuncia pero que después será formalizado por la Fiscalía del Supremo, no va a ser el único contra una sentencia que, salvo a los absueltos, a Caser como responsable civil directo y al Banco Sabadell como subsidiario, no ha dejado contento a nadie.
A los recursos que con toda seguridad interpondrán los cuatro exejecutivos condenados se suman los que ya han anunciado los grandes perdedores de este proceso: los cuotapartícipes. El letrado murciano Diego de Ramón, los valencianos Bon Llar y el mallorquín Cristóbal Pons (con 600.000 euros en cuotas) ya confirmado que apelarán en defensa de sus intereses.
Un camino que es más que probable que seguirán la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos, otro de los damnificados del procedimiento.
La heredera de la Obra Social de la CAM, que ha respirado como responsable civil subsidiaria por la comercialización de las cuotas, reclamaba cerca de 60 millones por lo que ha dejado de percibir por el hundimiento de la caja mientras el Fondo pretendía recuperar parte de los 5.249 millones que le inyectó a la caja para venderla saneada al Sabadell.
